El rector mantiene el borrado del ‘caso Miguel Hernández’
La Universidad de Alicante busca una fórmula para corregir su decisión
El rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, no quiso rectificar ayer, pero sí reconoció el problema y se pronunció a favor de arbitrar una fórmula que evite la polémica por eliminar (desindexar) en la web de búsqueda de la institución el nombre del secretario del juicio (Antonio Luis Baena) que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Una medida que tomó la universidad a petición de un familiar de Baena. “Pretendemos que los metadatos [datos incluidos en el código informático para facilitar su búsqueda en Internet] formen parte de la obra”, afirmó Palomar, por lo que no se supeditarían a la ley de protección de datos ni al derecho al olvido digital. Se evitaría así la supresión del citado nombre en dos artículos digitales escritos por el catedrático de Literatura de la institución Juan Antonio Ríos Carratalá.
Sin embargo, el nombre de Baena Tocón no se volverá a indexar (registrar para que aparezca en búsquedas digitales) por el momento en el repositorio de la institución hasta que no se encuentre la fórmula y se haya resuelto el recurso de alzada del catedrático afectado contra la resolución. Ríos Carratalá confirmó ayer que presentará el recurso en los próximos días. Todo apunta a que la UA aprovechará la resolución de este recurso para corregir su posición inicial.
La institución estimó la petición del derecho al olvido digital y de la supresión de datos, y eliminó de su repositorio el nombre en varios enlaces en Internet al considerar que prevalecían esos derechos frente al de investigación porque el secretario judicial “no alcanzó la condición de figura pública”. Si se introduce el nombre de Baena Tocón en un buscador de Internet no aparecen los dos trabajos, aunque sí otros muchos fuera del dominio de la Universidad de Alicante. Mientras se resolvía la petición del familiar, Ríos Carratalá reemplazó el nombre por iniciales.
Tras la junta de gobierno de la institución, el rector señaló ayer que la polémica generada por la resolución de la universidad, que adelantó EL PAÍS, estriba en el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos. “Una cosa es la investigación y los artículos”, donde, según Palomar, no se va a tocar nada, y otra cosa es el problema de la indexación y catalogación de datos para el buscador interno de la universidad, añadió Palomar. Asimismo, incidió en que la institución ni ha censurado ni ha borrado ni ha limitado el acceso a los artículos, en contra de la opinión de historiadores e investigadores consultados por EL PAÍS. Anunció que juristas y tecnólogos resolverán en los próximos días la ponderación entre esos derechos para tomar una decisión definitiva, y subrayó que la UA puede ser la primera universidad en arbitrar una fórmula para proteger los metadatos dentro de la obra intelectual.
El catedrático de Historia Moderna y exvicerrector Armando Alberola también estuvo en la junta de gobierno y preguntó al rector por qué se responde a la solicitud del familiar si no iba acompañada por una motivación fundamentada, como marcan los requisitos. No hubo respuesta del máximo responsable de la universidad. Alberola considera que, además, la resolución de la UA es “inaceptable” y se pregunta quién decide que aquel secretario judicial franquista “no alcanza la consideración de figura pública”. “En fin, lamentable. El derecho al olvido se contradice como historiador con el derecho a la verdad histórica”, añade.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que emita un dictamen en el que señale si el derecho a conocer la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido.