Las autonomías empiezan a recortar gasto público por la asfixia financiera
José Luis Rodríguez Zapatero inauguró en mayo de 2010 una larga temporada de recortes. El Gobierno de Mariano Rajoy intensificó el tijeretazo tras el rescate bancario y los ataques de los mercados en verano de 2012. La
Cataluña anuncia una nueva ronda de recortes de la que solo se librarán los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos, según el Ejecutivo autónomo. La Comunidad Valenciana saca la tijera en partidas de gasto aún no comprometidas o en las que tiene dificultades de ejecución. Habrá ajustes también en Baleares y Canarias, que pretenden eximir el gasto social pero se ven obligadas a corregir el déficit. A las arcas públicas del resto de comunidades —salvo País Vasco y Navarra, con un sistema de financiación distinto— tampoco les llega la camisa al cuerpo: sus gobiernos admiten que harán algo parecido si persiste el bloqueo, y Galicia era de austeridad terminó hace cosa de un lustro, con la recuperación de la economía española, pero la inestabilidad política provoca ahora un inesperado arreón de nuevos ajustes: varios Ejecutivos autónomos anuncian recortes ante la asfixia financiera provocada
señala incluso que puede verse comprometido el pago de las nóminas a final de año. Consciente de la gravedad del problema, el Ministerio de Hacienda advierte de que las verdaderas dificultades llegarán “a partir de noviembre” en el capítulo de pago a los proveedores si para entonces sigue sin haber Gobierno, según las fuentes consultadas.
La titular de Hacienda, María José Montero, aseguró ayer en la SER que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para liberar —a través de un decreto— los 5.000 millones en anticipos a cuenta en cuanto haya Gobierno, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Gobierno en funciones, por la falta de presupuestos, que ha dejado un agujero de unos 5.000 millones en las arcas autonómicas. Hacienda advierte de que la situación empeorará a partir de noviembre, y pretende tener listo un mecanismo para buscar una salida si hay repetición de elecciones.
porque condicionaría el margen de actuación del siguiente Ejecutivo”. Con unos nuevos presupuestos se liberarían también 2.500 millones procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA; pero al estar en funciones, también ahí Hacienda está atada de pies y manos. Esa situación puede entenderse como una forma de presión para lograr la investidura, pero Montero rechaza esa interpretación: “No estamos usando esto para apretar”.
Hacienda subraya que la situación se complicará hacia final de año. El equipo de Montero se compromete a buscar un mecanismo —dentro de los márgenes que deja la Abogacía del Estado— para
dar aire a las comunidades si los nuevos contactos para la investidura fracasan y para entonces sigue sin haber Gobierno. Montero “forzará” todo lo que pueda para encontrar una solución, según las fuentes consultadas.
Estas son las líneas maestras por comunidades:
La Junta de Andalucía niega que en los Presupuestos de 2020 vaya a aplicar recortes para cumplir con el déficit, pero reconoce la dificultad de elaborar el proyecto sin conocer el importe de las entregas a cuenta o la liquidación del IVA por “inseguridad jurídica”. El 75% del Presupuesto andaluz depende de las
Cataluña. El Gobierno catalán ha activado antes de lo habitual los mecanismos de recorte de su gasto público ante el riesgo de incumplir el objetivo de déficit. La semana pasada anunció ajustes, de los que se librarán salarios públicos y los servicios básicos. La Generalitat activa esa medida después de que un informe de Hacienda advirtiera de “ciertos riesgos” derivados de que la Generalitat preveía ingresar del sistema de financiación más de lo aprobado ahora y de un posible incumplimiento de la regla de gasto.
La Consejería de Economía descarta, de momento, incumplimientos de sus obligaciones o “afectación a los servicios públicos” por el bloqueo político. A través de un portavoz, sí admite que si la situación persiste y el Gobierno no ofrece soluciones sufrirá “tensiones de tesorería” y “podría verse afectado el pago a los proveedores” (que hoy está por debajo de 30 días) y “la prestación de los servicios públicos sin comprometer las reglas fiscales”.
La Generalitat se aprieta el cinturón. Altos cargos de la Consejería de Hacienda se están reuniendo con el resto de departamentos para reducir el gasto en lo que queda año en todas aquellas partidas que no están aún comprometidas o que tienen dificultades de ejecución por algún problema administrativo. Las entregas a cuenta que han dejado de ingresar las arcas valencianas por estar el Gobierno central en funciones alcanzan los 450 millones.
La Xunta del popular Alberto Núñez Feijóo asegura que el bloqueo de las entregas a cuenta a las autonomías le “está provocando ya tensiones de tesorería”. Los fondos que no recibe Galicia por esta causa se elevan a 700 millones de euros. La Consejería de Hacienda evita aclarar si esta situación provocará recortes, pero en los últimos días ha llegado a advertir de que las deudas del Estado “pueden condicionar” el paLa