Compromís y Podemos piden la publicación de bienes inscritos por la Iglesia

Tanto Unidas Podemos como Compromís pidieron ayer al Gobierno que haga público el listado de los bienes inmatriculados —inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad— por la Iglesia católica. El Colegio de Registradores de la Propiedad entregó al Gobierno hace un año el informe definitivo, que incluye 30.000 propiedades, según adelantó ayer EL PAÍS. Estos datos todavía no se han enviado al Congreso de los Diputados, que fue quien los solicitó en 2017 tras una proposición no de ley del PSOE cuando estaba en la oposición. El Ejecutivo asegura que el listado sigue “en elaboración”.

“Solicitamos el listado de esos bienes porque sería el primer paso para revertir la apropiación de los mismos”, señalaron ayer fuentes de Unidas Podemos. “Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de estos bienes han sido construidos y restaurados con dinero público o del pueblo y que sobre la inmensa mayoría de los mismos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial”, subrayaron las mismas fuentes, que agradecieron el trabajo realizado a la Coordinadora Recuperando, que lleva años pidiendo que se conozca qué bienes inmatriculó la Iglesia para identificar los casos en los que esa propiedad es pública.

Dar explicaciones

“Llevamos muchos años intentando conseguir información sobre las inmatriculaciones hechas por la Iglesia, por eso el Gobierno tendrá que dar explicaciones de por qué ha retenido este informe durante un año”, aseguró Carles Mulet, senador de Compromís. “Ahora que conocemos más detalles, se tendrán que asumir las responsabilidades y dejar de mirar hacia otro lado; por eso todas las inmatriculaciones que estén hechas de manera irregular tendrán que ser devueltas a sus legítimos propietarios y se deberán facilitar los mecanismos administrativos para agilizar ese proceso”, añadió.

PSOE, Ciudadanos y PP no hicieron valoraciones sobre el número de inmatriculaciones detectadas por los registradores de la propiedad, desconocido hasta ahora, ni sobre el retraso del Gobierno a la hora de entregar los datos al Congreso.

El Ministerio de Justicia asegura que aún está corrigiendo errores y ultimando un informe jurídico sobre las posibles actuaciones que puede llevar a cabo.