Malestar de García-Page y Díaz con Iglesias
Susana Díaz y Emiliano García-Page expresaron ayer su malestar con la decisión de Pablo Iglesias, socio principal del Gobierno, de visitar a Oriol Junqueras en prisión. “Tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde de que ha pasado de votar contra un presidente socialista [en la investidura fallida de Pedro Sánchez en 2016] a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra”, dijo la presidenta andaluza. “Cuando va a visitar a Junqueras representa a Podemos. A mí personalmente, y soy dirigente del PSOE, no me representa”, abundó su homólogo de Castilla-La Mancha. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, insistió en que “desde luego” Iglesias “no va a hablar de los Presupuestos en nombre del Gobierno”. / J. MARCOS de PP y Ciudadanos se centró, y así sucederá en los próximos días, en socavar la credibilidad de los Presupuestos. El equipo económico de Ciudadanos denunció que, según sus cálculos, las cuentas del Gobierno enviadas a Bruselas tienen “un agujero de 10.600 millones de euros”, de los cuales más de 4.000 millones resultan con su estimación de ingresos y 6.250 millones habría que añadirlos para cumplir el objetivo de déficit del 1,3%. La crítica de los dos partidos con las cuentas se enmarca en todo caso en una estrategia más amplia de cuestionamiento, acoso y críticas personales a Pedro Sánchez y a muchos de sus ministros. Esa línea es la que pretenden seguir PP y Ciudadanos hasta que convoque elecciones, algo que le reclaman a diario.
A Casado no le afectaron las acusaciones de “antipatriota”, y viajó a Bruselas para alertar contra esos presupuestos a las autoridades europeas. Antes, en el Congreso encadenó descalificaciones gruesas contra Sánchez: “Usted manda a (José Luis Rodríguez) Zapatero a negociar con un terrorista como (Arnaldo) Otegi y a Pablo Iglesias a negociar con un golpista como (Oriol) Junqueras”.
Las subidas de Rajoy
Sánchez no entró a responder nada relativo a la urgencia por convocar elecciones, como también le exigió Rivera, sino que interpeló a Casado sobre si subir los impuestos a quienes ganan 130.000 euros al año es castigar a la clase media y trabajadora. Y leyó la subida de toda la cesta fiscal a lo largo de los años de gobierno de Mariano Rajoy para afirmar que su intención ahora es “reconstruir el Estado de Bienestar”.
En los pasillos de la Cámara, sin embargo, el Gobierno inició el camino para sondear a otros posibles socios presupuestarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó por teléfono al portavoz del PNV, Aitor Esteban, para iniciar conversaciones, y se cruzó también con el líder de Compromís, Joan Baldoví, para anticiparle que le citará esta semana. No hubo ningún contacto con el PDeCAT ni con ERC, que volvieron a avisar al Ejecutivo de que no están dispuestos a sentarse a hablar si el Gobierno no concreta algún movimiento en favor de la libertad de sus políticos presos.
La dimensión del desafío podría asustar a cualquiera, pero lo que más aterra es comprobar cómo el necesario cambio de modelo económico que subyace a los retos ambientales esta vez tampoco es prioritario, de momento, en los Presupuestos Generales del Estado. Las medidas de transición energética contempladas —fomento de las renovables y lucha contra la pobreza energética—, si bien son necesarias, son claramente insuficientes para avanzar al ritmo necesario en el cambio de modelo energético. Y siendo esto grave, no es lo más preocupante. Lo que genera inquietud y zozobra es que todavía no estemos viendo la perspectiva ambiental como algo transversal al conjunto de políticas. No consiste en meter un epígrafe más, se trata de reverdecer el conjunto del presupuesto —fiscalidad incluida—, y por ende, de la política. Queda una larga negociación pendiente. Una oportunidad para plasmar las auténticas prioridades.