Una fábrica fronteriza de ‘invisibles’
La ciudad autónoma dificulta a los marroquíes tener documentación
Latifa cierra los ojos y piensa que es melillense. “Lo imagino”, admite, “porque he nacido, he crecido y he pasado aquí toda mi vida”. Los abre y vuelve a una realidad sin papeles dominada por la máquina de coser con la que hace algo de dinero para pagar las facturas de su piso en alquiler sin contrato en el barrio de Cabrerizas, uno de los más pobres de Melilla. Si se pone enferma, tiene que pedir a alguna vecina que cuide a sus hijos para ir al médico en Marruecos, a razón de unos 30 euros por consulta. “Yo no me considero de ningún sitio, ni de aquí [de España] ni de allí [de Marruecos]”, concede, pese a lo que dice su pasaporte verde expedido en Nador, “pero a los niños, aunque no tienen la nacionalidad, yo los considero españoles”.
Adan y Mariem, de nueve y cinco años, viven en un estado casi apátrida: no tienen DNI español ni marroquí; no tienen pasaporte expedido en país alguno. En Melilla cuentan como menores extranjeros con partida de nacimiento registrada en la ciudad, libro de familia y tarjeta sanitaria. Cuando el exmarido de Latifa le propuso mudarse de vuelta a Marruecos, ella se negó en rotundo. “Con mis hijos, ni en broma”, dice, “yo no quiero estropearlos como me hicieron a mí, que me dejaron sin poder trabajar, sin documentos…”. En el país vecino, los hijos de Latifa no existen.
En Melilla, con una población de unos 84.000 habitantes (más de 8.000 de nacionalidad marroquí), esa situación podría afectar a un par de cientos de familias invisibles, si se consideran las solicitudes de residencia por arraigo social recibidas por la Delegación del Gobierno, que permite a los extranjeros sin contrato laboral, visado o familiares naturalizados regularizar su situación. En lo que va de año, suman 224. Son personas sin tarjeta de residencia o contrato legal que, como Latifa, no figuran en ningún registro. En 2015 y 2016, apenas se aprobaron la mitad de las solicitudes (170 de 327 y 132 de 222, respectivamente). Los abogados especialistas en extranjería se quejan de que el proceso suele ser inútil. “Todo el mundo sabe el fracaso que supone solicitar el arraigo”, explican desde Movimiento por la Paz, “pero hay mucha gente que está desesperada, lleva muchos años aquí y no le importa gastarse el dinero en reunir y traducir documentos porque piensan que les corresponde”.
El empadronamiento es la clave de la trampa legal que denuncia la asociación. El Gobierno de la ciudad autónoma no acepta ninguno de los medios de prueba que reconoce la ley española, como las facturas de agua o gas o un contrato de alquiler. Desde 2013, una modificación incluida por el Ejecutivo del PP exige a los marroquíes tener un visado para empadronarse en Ceuta y Melilla, adonde los vecinos de Tetuán y Nador pueden cruzar libremente. Hasta entonces, las Administraciones locales se servían de sus propias normas para limitar la ley.