Santander blinda su puerto contra los polizones albaneses
Instalará una valla de cuatro metros para frenar el acceso ilegal
la coordinación con los movimientos sociales que estamos trabajando en este ámbito sobre el terreno y un Pacto de Estado que aborde de forma realista todas las carencias de esta situación”, ha exigido la organización.
Bono a la solidaridad
Del fondo de los 38 millones iniciales también saldrán ayudas a las comunidades que se han ofrecido a abrir nuevas plazas para acoger menores. La solidaridad demostrada, en cualquier caso, ha sido mínima, y ronda las 150 plazas nuevas para la distribución de más de 11.100 niños, según adelantó este diario el pasado sábado. La fórmula escogida por el ministerio consiste en, por un lado, compensar el incremento de menores que hayan experimentado de la misma forma que al resto y, por otro, premiar con un 25% más cada una de las nuevas plazas ofertadas.
El Ejecutivo, además, ha reservado dos millones de euros para un fondo de contingencia, para cubrir los gastos derivados de la atención de menores inmigrantes de las autonomías que tengan un “incremento estacional” del 30 de septiembre al 31 de octubre. Algunas comunidades autónomas, como Murcia, tienen precisamente ese problema.
El borrador del real decreto, sin embargo, ignora cuestiones que afectan a la distribución de los menores, más allá de que el registro oficial no resulta ser un termómetro consensuado de la situación. El texto no detalla ningún criterio que establezca quienes serán los candidatos a trasladarse de comunidad ni si se les preguntará sobre su voluntad de mudarse. No especifica si las comunidades que abran nuevas plazas asumirán la total tutela de los jóvenes haciéndose responsables de su formación y atención hasta la mayoría de edad o apenas cubrirán los gastos de acogida. No está contemplado tampoco el tiempo que durará esta subvención excepcional y si en 2019 las comunidades podrán contar con ella de nuevo. Cada vez que un ferry atraca en el puerto de Santander antes de tomar rumbo hacia Reino Unido, grupos organizados de extranjeros, la mayoría de origen albanés, merodean por la zona hasta que encuentran el momento preciso para burlar la presencia policial. Saltan sin aparente dificultad la valla que separa el recinto portuario de la ciudad y tratan de infiltrarse entre la carga de un remolque o en un contenedor que acabará en las tripas del barco.
La escena se repite a diario. En lo que va de año se han detectado 546 casos de entrada con artes furtivas en los muelles santanderinos. “La preocupación es máxima. El intrusismo es diurno y nocturno”, afirma el presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González. El puerto ha decidido elevar la altura de la valla hasta los cuatro metros para frenar el acceso ilegal, una medida que apoya el delegado del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga: “Debe hacerse cuanto antes”.
El puerto de Bilbao ya adoptó una decisión similar a finales de 2017. Construyó un muro de cemento de cuatro metros de altura, con una inversión de 230.000 euros, muy criticado desde algunos sectores como “el muro de la vergüenza” por su parecido con la política de fronteras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. “En Santander estamos obligados a reforzar el aislamiento y hacer difícil el acceso de forma ilegal a los barcos”, explica González.
Este fenómeno se ha acentuado en la capital cántabra tras el
En esa maraña administrativa vive atrapado Ayoub, de ocho años, que no podrá ir a la escuela este año. El pequeño tendrá que aguantar, junto con 600 alumnos más, otro curso en la Residencia de Estudiantes Marroquíes, cuyos estudios no están reconocidos en España. Su hermano Mohamed, de 12 años, sí es uno de los 120 niños indocumentados que, como los hijos de Latifa, han sido escolarizados en Melilla después de un año de batalla, lo que ha costado al director provincial de Educación, el socialista Juan Ángel Berbel, una querella por presunta prevaricación interpuesta por el PP local. Para Berbel, ignorar esos casos habría sido “bastante imprudente”. Pero el Gobierno desmantelamiento, en octubre de 2016, del campo de refugiados del puerto de Calais (Francia) y del muro colocado por Bilbao. El servicio que ofrece Brittany Ferries, seis escalas semanales durante todo el año desde Santander, es el trampolín que muchos jóvenes migrantes utilizan para llegar a tierras británicas. Son “manejados por redes mafiosas que trafican con ellos”, señala el delegado del Gobierno.
Las posibilidades de éxito son muy reducidas. La mayoría acaban detenidos en destino y, en esos casos, el Gobierno británico multa a la naviera con 2.000 euros por cada uno de los polizones descubiertos y le obliga a repatriarlos. Este año el Reino Unido ha devuelto 44 albaneses, según la Delegación del Gobierno en Cantabria. local habla de matriculaciones “masivas” que suponen una “marroquinización” de la ciudad.
Naima, madre de Ayoub y Mohamed, lleva viviendo en Melilla 19 de sus 35 años. La mujer llegó a Melilla siendo adolescente para trabajar como empleada de hogar. Se asentó, se casó y tuvo a sus hijos, hasta que hace ocho años consiguió un contrato como trabajadora transfronteriza por el que cotiza a la Seguridad Social, pero que le impide pernoctar en la ciudad. “Nunca he tenido problemas”, alega. En la casa a las faldas de Cabrerizas que ella y su marido comparten con una hermana, nacieron la pequeña Sara, de un año y ocho meses, y el bebé Aya. Ninguna está registrada en Marruecos, pero tampoco tienen papeles en España y, por tanto, “no pueden ir a la guardería”, se queja la madre. “Me dicen que no tenemos derecho”, concluye.