Flandes considera “muy hostil” la represalia diplomática española
El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, cargó ayer contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revocar el estatus diplomático a su delegado en España, André Hebbelinck. Exteriores justificó la medida como la escenificación del malestar desatado por las insistentes declaraciones del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans. En ellas, el político descalifica la democracia española, e incluso cuestiona su legitimidad para formar parte de la UE Bourgeois, en cambio, ve el movimiento desproporcionado. En palabras a una radio local, tildó el gesto de “muy hostil”, e indicó que no tiene precedentes. “Es la primera vez que ocurre en la historia de la Unión Europea”, lamentó.
La crítica de Bourgeois se fundamenta en dos argumentos: opina que los mensajes de Peumans forman parte de la libertad de expresión. Y estima que las represalias contra su delegado diplomático apuntan en la dirección errónea, dado que es un representante del Ejecutivo flamenco, y Peumans lo es del poder legislativo. El primer ministro belga, Charles Michel, circunscribió a Flandes el impacto de la crisis. “No hay conflicto diplomático entre España y Bélgica”, afirmó ayer.
Los jueces y tribunales ya no tendrán la capacidad de decidir si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto. La modificación de la LOREG suprime los apartados que en su artículo tercero hasta ahora establecían que carecen del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento”. “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”, establece además una enmienda del PP que saldrá adelante.
“En el 40º aniversario de la Constitución, la democracia por fin va a llegar a todas las personas”, celebraba ayer por anticipado Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), promotor desde hace 15 años de una revisión legal. “Desde 2008, cuando entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hemos redoblado la presión política”, explicaba Pérez. El tratado conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras