España apoya el documento
El presidente español, Pedro Sánchez, viaja hoy a Marraquech para ratificar el Pacto Mundial sobre Migración. Sánchez aprovechará su segunda visita a Marruecos en menos de un mes para presentar una serie de medidas sobre la materia. El Gobierno considera que España es “uno de los países mejor preparados para afrontar” este fenómeno gracias a su historia como país de llegada, tránsito, retorno y origen de migrantes.
Sánchez intervendrá en el plenario, en el que anunciará la celebración en el primer semestre de 2019 de una conferencia en Almería sobre desertificación. El caso más preocupante es el del Sahel. “Es urgente hacer algo frente a la extensión del Sahel, que sigue ganando terreno en países como Senegal y empujando a la gente a la emigración. Hay que estudiar cómo parar esa expansión de la desertización y cómo recuperar tierras de cultivo y dar pasos que permitan fijar las poblaciones de estas zonas”, dicen fuentes del Gobierno.
Sánchez anunciará un aumento de la cooperación con países de origen y tránsito de los migrantes, en sintonía con uno de los 23 principios del pacto, que apuesta por la toma de decisiones conjuntas. / MARÍA MARTÍN
El texto recalca que la migración es un fenómeno global, que no puede ser abordado por ningún país en solitario y habla de responsabilidad compartida acerca de “las necesidades y preocupaciones mutuas sobre la migración”. El respeto a los derechos humanos y la protección a los menores recorren todo el documento. Entre sus objetivos de mínimos destaca el compromiso de que los Estados detengan a los migrantes solo como último recurso y que, si lo hacen, la detención “dure lo menos posible”, un punto que Estados Unidos ha criticado. El pacto de la ONU pide que se revisen las leyes para “determinar si conviene sancionar la entrada o la estancia irregulares”, y que, si las hay, que esas sanciones sean “proporcionadas, equitativas, no discriminatorias”.
Entre los objetivos también está recopilar y compartir datos exactos para comprender mejor el fenómeno, sobre el que todavía hay muchas zonas de sombra. La idea es que eso sirva para tomar decisiones políticas con una base empírica. Respecto a la información, también habla de “promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración”. El texto contempla también la dimensión económica de la migración, y pide una contratación “ética”, que se facilite el envío de remesas y la portabilidad de las prestaciones sociales que generen como trabajadores. También aboga por fomentar los canales para la migración regular y trabajar para la inclusión de los migrantes en las sociedades de llegada.
En cuanto a los niños, plantea que se vele de forma especial por ellos en todo el proceso, que se haga lo posible por reducir la apatridia —que se registren los nacimientos de los migrantes y se les dé una nacionalidad— y que, por ejemplo, se forme a los funcionarios de fronteras sobre los derechos de los menores, como el de no ser separados de sus familias, para evitar lo que les ocurrió en junio a unos 2.000 niños en EE UU. Washington también ha hecho notar su malestar, diciendo que “es el derecho soberano de las naciones determinar cómo detener a menores humanamente en el contexto migratorio”.
Algunos activistas de ONG consultados indicaron que solo el contexto político regresivo existente explica la polémica en torno a un pacto modesto, de mínimos. Tal vez por eso, la representante para las Migraciones de Naciones Unidas, la jurista canadiense Louise Arbour, ha insistido sobre un punto clave respecto a la soberanía de los países firmantes: “[Con la firma del pacto] Veremos un incremento en la cosecha de los beneficios de la migración y, muy importante, reduciremos algunos aspectos negativos. Finalmente, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU apoyan este proyecto. Y no se fuerza en nada a nadie”.