Coche eléctrico... para la ciudad
Nunca se insistirá lo suficiente en que una política pública, sea cual sea su naturaleza, no consiste solo en marcar unos objetivos, sino también en definir cuáles son los instrumentos que se aplicarán para conseguirlos, cuánto cuesta, a quién beneficia, a quién perjudica y quién la paga. Esa política es plenamente democrática si está aprobada en un Parlamento y se somete a un seguimiento para determinar su cumplimiento y su eficacia. De ahí que la propuesta de objetivos de transición energética de la ministra Rivera no es una política energética; es, quizá, una indicación de las aspiraciones del Gobierno actual, siguiendo la estela europea, para los próximos 30 años. No nos aclara cómo hay que hacer lo que sin duda es conveniente hacer.
Traigamos hacia el primer plano el objetivo más espectacular de entre los propuestos, el de sustituir los automóviles de combustión interna (gasolina, gasóleo) por coches eléctricos. Sin duda, el ministerio del ramo (Transición Ecológica) habrá caído en la cuenta de que la potencia eléctrica instalada en España sería suficiente para suministrar electricidad a unos 6,5 millones de automóviles eléctricos. Pero el parque automovilístico actual supera los 28 millones; de forma que en 2050 habría que instalar potencia añadida para cubrir la demanda de otros 22 millones de vehículos.
La capacidad de suministro actual es sostenible en el caso de una recarga lenta y para baterías con una autonomía de entre 150 y 160 kilómetros. La recarga lenta implica enchufado nocturno al menos durante siete horas. Pero si la recarga es rápida (20 minutos) y si se piensa en automóviles con una autonomía de entre 300 y 400 kilómetros, las exigencias de potencia instalada se multiplican, igual que las inversiones en peajes y en redes capilares de distribución, es decir, un encarecimiento notable del recibo de la luz. ¿No sería más útil reorientar el uso del coche eléctrico hacia el transporte urbano?
Los responsables actuales y futuros de la transición ecológica deben estar advertidos de que una conversión del motor de explosión en eléctrico implica un cambio profundo en los usos y costumbres de la movilidad actual; que ese cambio significa una renuncia, desde los parámetros tecnológicos conocidos hoy, a la autonomía casi total del transporte privado; y que esa renuncia no tiene hoy consenso social.