El control de la AP-9, en manos de la Xunta

Tras más de una década de reivindicaciones, tres resoluciones unánimes del Parlamento gallego y dos vetos del PP de Mariano Rajoy, Galicia podrá gestionar su principal vía de comunicación. El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de todos los partidos salvo Ciudadanos, la tramitación de una ley orgánica para que el Estado transfiera a la Xunta la Autopista del Atlántico (AP-9), la infraestructura de peaje que vertebra la franja costera de la comunidad hasta Portugal y concentra en su entorno el 80% de su actividad económica. El traspaso, cuyos detalles deberán ser ahora negociados, abre la posibilidad de que el Gobierno autonómico pueda rescatar, con financiación estatal, la concesión que ahora está en manos de Audasa, del grupo Itínere. De momento, el PP de Alberto Núñez Feijóo solo ha anunciado que utilizará el cambio de gestión para vigilar a la empresa e intentar rebajar las “desorbitantes” tarifas que pagan los conductores. / SONIA VIZOSO

que presentaban “patologías potencialmente graves que pueden afectar a su comportamiento resistente”.

Los Gobiernos anteriores no destinaron ni un euro a proyectos de reparación entre 2009 y 2014, lo que causó un aumento de las actuaciones de emergencia. “Todas las estructuras merecedoras de reparaciones están identificadas y están priorizadas para su actuación”, insistió Ábalos, quien recordó que hubo un trabajo previo de análisis. “Lo más importante en este caso es tener un diagnóstico”, concluyó el ministro.

dijo Ábalos, quien señaló que los proyectos que sí sean viables se llevarán adelante, como el correspondiente a Murcia, y que en dos o tres meses se podría llegar a una “gran licitación de carreteras” de hasta 2.500 millones si se alcanza un acuerdo.

Ábalos volvió a repetir que Fomento todavía no tiene calculada la factura que las arcas públicas tendrán que asumir por el rescate de las vías quebradas. Insistió en que hay que “cuantificar bien” y aseguró que los 1.800 millones calculados por el anterior Gobierno ya están contabilizados a efectos del déficit. Las empresas que eran titulares de las carreteras y los fondos que se quedaron con la deuda elevan esta cifra hasta los 5.000 millones de euros, y el Ministerio tiene hasta mediados de enero para hacer sus cálculos.