Crece el porcentaje de quienes apoyan permanecer en la UE
Tanto la primera ministra como el líder de la oposición están más empeñados en defender sus respectivas estrategias que en buscar el mínimo terreno común que permita a Reino Unido salir del laberinto del Brexit.
May tuvo conversaciones con el Partido Verde, con los unionistas norirlandeses del DUP, los nacionalistas escoceses del SNP, los liberaldemócratas y con euroescépticos de su propio partido. Excepto estos últimos, el resto aireó su frustración ante las líneas rojas que marcó Downing Street desde un primer momento: no a formar parte de una unión aduanera, no a la posible extensión del artículo 50 [para prolongar el plazo fijado del 29 de marzo para salir de la UE], no a un segundo referéndum, y, sobre todo, no a la exigencia reclamada por todos ellos de que el Gobierno británico descarte de antemano la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Esto es, sin periodo transitorio ni cláusulas de adaptación.
“Le he rogado una y otra vez que excluya la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, porque creo que es algo que anula por completo el valor de estas conversaciones, ya que todos sabemos que allí delante está el precipicio”, explicó Caroline Lucas, la portavoz del Partido Verde, que fue la primera en hablar ayer con la primera ministra.
A pesar de que se trata del único punto que genera un respaldo mayoritario en la Cámara Un 56% de los británicos optaría hoy por permanecer en la Unión Europea, frente a un 44% que insiste en abandonar las instituciones comunitarias. Es la cifra más alta en contra del Brexit que se ha registrado en las encuestas desde el referéndum de 2016.
Es el resultado de un sondeo relámpago realizado por YouGov, el instituto que viene realizando este tipo de consultas en los últimos años, justo después de la enorme derrota del plan de Theresa May para el Brexit en la Cámara de los Comunes, el pasado martes.
La encuesta se realizó sobre un total de 1.000 ciudadanos, a los que, además de la opción binaria, se les consultó sobre una posible terna de soluciones al actual enredo. Una mayoría del 52% siguió escogiendo la permanencia; un 39% se inclinó por un Brexit sin acuerdo; y un 9% de los consultados eligió una salida “a la noruega”, es decir, un Brexit más suave. en una segunda votación, y amenazar así a todo el país con el caos que supondría un Brexit a las bravas”, dijo ayer Corbyn en la localidad de Hastings. El líder laborista esconde así su propia estrategia. Sabe que entre sus diputados es aún mayor el miedo a una salida dura y cree que solo descartando esta posibilidad mantendrá la cohesión en su grupo parlamentario.
El laborismo, sin embargo, empieza a hacer aguas. La débil intervención de Corbyn en el debate de la moción ha dado alas a la rebeldía. Un grupo de diputados relevantes ha ignorado la orden de su líder de no tener contacto con Downing Street. Con la excusa de que son presidentes de diversos comités de la Cámara de los Comunes, Yvette Cooper, Hilary Benn, Stephen Kinnock, John Mann o Ben Bradshaw se dejaron ver ayer a su llegada a los distintos edificios ministeriales.
Ronda de contactos
May comparte el esfuerzo de esta ronda de contactos con dos de los miembros con más peso de su Gobierno, David Lidington y Michael Gove, y fueron ellos los encargados de recibir a los laboristas disidentes. Hasta el ex primer ministro Tony Blair intervino en la polémica para reprochar a Corbyn, en una entrevista con la BBC, que no acudiera a la llamada de May en una situación de crisis.
A pesar de la firmeza con que el Gobierno de May aparenta defender su postura, las filtraciones de las múltiples reuniones de trabajo que se han producido en las últimas horas indican que el equipo de la primera ministra está estudiando todas las opciones. Desde la extensión del artículo 50 a las dificultades legales que entrañaría un nuevo referéndum. La portavoz de los nacionalistas galeses del Plaid Cymru (Partido de Gales), Liz Saville-Roberts, desveló a la cadena Sky News, a la salida de su encuentro con May, que Downing Street calcula que sería necesario al menos un año para los preparativos de una nueva consulta a la ciudadanía.