Una huelga del sector público acorrala al frágil Gobierno de Túnez
El principal sindicato de Túnez, la UGTT, mostró su fuerza ayer con una huelga general del sector público que logró paralizar el país. Es un serio mensaje al frágil Gobierno de Yusef Chahed, que sufre una crisis social y política. A pesar de las promesas del Ejecutivo, no hubo servicios mínimos, lo que multiplicó los efectos del paro.
Por la mañana, varios miles de sindicalistas se concentraron ante la sede de la UGTT en el centro de la capital. Su secretario general, Nureddin Tabubi, cargó duramente contra el Gobierno, al que acusó de “echar a perder los logros sociales conseguidos por el pueblo”. En la raíz de la protesta se halla la insuficiente subida salarial de los funcionarios propuesta para los próximos dos años. “No pedimos un aumento de sueldo, sino recuperar el poder adquisitivo perdido”, proclamó Tabubi.
“Desde 2012, cada año hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Las subidas de nuestros sueldos han sido irrisorias, siempre muy por debajo de la inflación”, se quejaba Emna, una profesora universitaria de 45 años. “Antes, con un salario de maestra se podía vivir dignamente. Ahora ya no”, decía Meriem, de una escuela de primaria de la capital. El sueldo de un maestro oscila entre los 900 y los 1.300 dinares (265 y 380 euros). Desde 2016, la devaluación del dinar ha provocado un aumento de los precios que ha llevado la inflación anual a cerca del 8%.
Margen limitado
La víspera de la huelga, Chahed se dirigió a la nación en un discurso televisado para explicar la posición del Gobierno. El conflicto se produce en un contexto de crisis social y política, después de que en las últimas semanas se registraran protestas por parte de jóvenes desempleados en las regiones más pobres del país, que apenas han visto mejoras en su vida tras la caída de la dictadura de Ben Alí en 2011.
El margen de maniobra de Chahed es muy limitado. Después de ignorar varias veces el incumplimiento de los objetivos anuales de déficit, el FMI ha endurecido sus exigencias para 2019. Según el Fondo, que otorgó a Túnez un préstamo de casi 2.500 millones de euros en 2016, el país debe reducir la carga que supone la masa salarial del funcionariado, una de las más elevadas del mundo en términos relativos. Casi una cuarta parte de los empleados está a sueldo del Estado.