Las universidades públicas de Madrid se rebelan contra la apertura de tres privadas

Los rectores afirman que son “academias” que no investigan ni doctoran. La fundación científica del Gobierno regional se opone

Los seis rectores de los campus públicos de Madrid (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica) se han alzado en contra de la decisión del presidente regional, el popular Ángel Garrido, de convertir en universidades privadas tres centros universitarios adscritos: Villanueva (del Opus), ESIC (de la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y el Cunef (de la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros). Consideran que son “academias sin investigación ni innovación y transferencia” y que no han justificado cómo van a desarrollar su vertiente científica.

Ayer se acabó el periodo público de alegaciones. Ahora la Asamblea de Madrid —en la que el PP no tiene mayoría— debe votar la fundación de estas entidades. En su contra se han pronunciado la mayoría de las universidades madrileñas públicas y privadas, la fundación Madri+d —órgano de la comunidad autónoma—. Además, la Conferencia General de Política Universitaria —al que asisten los consejeros del ramo de toda España— desaprueba, en concreto, el centro Villanueva por falta de garantías de financiación.

“Es inexplicable que a este Gobierno le entren las prisas cuando es probable que salga el equipo que está ahora”, opina el diputado madrileño socialista Juan José Moreno, que fue secretario general de Universidades con Ángel Gabilondo, en alusión a las elecciones de mayo. El cartel del PP lo encabezará Isabel Díaz Ayuso.

Lorenzo Bermejo, director de Ordenación Académica de Villanueva —el único centro que ha querido hablar con EL PAÍS— defiende su proyecto: “Llevamos acumulando experiencia desde 1997 y queremos profundizar con nuevas titulaciones. Ser un centro adscrito limita tus maniobras y no puedes diferenciarte”. Cuentan con 2.000 alumnos y aspiran a alcanzar los 2.500. Bermejo explica que cumplen los parámetros de investigación a los que les obliga la fundación Madri+d y lamenta que sus profesores tengan “ciertas limitaciones para participar en proyectos, por ejemplo de la Unión Europea”.

Según la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno tiene que determinar los requisitos para la creación de las universidades. Pero, de facto, las comunidades ignoran la opinión del Ejecutivo, aunque la Agencia Nacional de Acreditación podría, finalmente, vetar los títulos que pretenden impartir si no se ajustan a sus criterios. Los campus privados han crecido de 12 a 34 desde 1997, el último año en el que se constituyó una pública, la Pablo Olavide (Sevilla).

Los rectores de los campus públicos madrileños tampoco entienden la prisa de Garrido para dar luz verde a estos centros privados

cuando aún no se ha aprobado una norma que regule el espacio universitario de la comunidad. El 15 de marzo de 2018, una semana antes del caso máster, la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes se equivocó al votar y su propia ley de universidades no resultó aprobada. Era un texto más exigente para la creación de nuevas universidades, que los rectores de la pública habían peleado. Garrido, sustituto de Cifuentes, dejó en suspenso aquella norma, que contaba con el respaldo de Ciudadanos.

Los rectores afirman que en el proyecto de estos centros “no se detecta una base para establecer con éxito programas de doctorado, máxime debido a la carencia sobre actividad investigadora, de innovación y de transferencia de conocimiento”. Las privadas, por norma general, apenas doctoran. El Cunef señala en su proyecto que en dos años contará con 30 doctorandos.

Al rechazo de los rectores hay que sumar la muy significativa oposición manifestada en la fundación Madri+d, creada en 2002 por el Gobierno autonómico para “contribuir a la calidad de la educación superior”. Un portavoz de la Consejería de Educación reconoce que en el acta de una reunión celebrada por este órgano se recoge la evaluación contraria a estos proyectos académicos. El Gobierno autonómico pondrá estos informes negativos a disposición de los grupos políticos “y ellos decidirán”.

ESIC, especializada en marketing, oferta ocho títulos sumando Industriales y Turismo; el Cunef, centrada en las finanzas, cuenta nueve grados al incorporar ahora Ingeniería Informática y Matemáticas; y Villanueva prosigue con sus ocho grados, que incluyen Magisterio y Ciencias Sociales.

“El reconocimiento del estatus de Universidad debe ir unido al de universalidad”, se quejan los rectores, y el catálogo es de pocos títulos, en pocas ramas de conocimiento y escaso alumnado. No superan los 2.000 estudiantes, una cifra inferior a algunas facultades de la Complutense.