Un supuesto entramado de empresas en paraísos fiscales
El Santander no da por perdida la batalla por comprar, sin tener que subir su oferta otros 51 millones, su propia sede operativa, la Ciudad Financiera situada en Boadilla, Madrid. Y amenaza con exigir 750 millones de euros si no se cumplen determinados controles sobre sus rivales para comprobar que cumplen la norma contra el blanqueo. El recinto que quiere recuperar el banco está en manos de Marme, el fondo al que se lo vendió en 2008 tras pactar quedarse 40 años de alquiler. Marme está en concurso de acreedores desde 2014 y ahora la administradora concursal está liquidando la sociedad. El 14 de enero, la juez se pronunció sobre las tres ofertas que había sobre la mesa. La mayor era la de los hermanos Simon y David Reuben, inversores de origen indio y afincados en Londres, a través de Sorlinda. Ofrecieron 3.023 millones. La compra supone quedarse el patrimonio, la caja y también las deudas.
Derecho de tanteo
El propio Santander había realizado una oferta para recuperar estos terrenos, un enorme espacio donde está su sede operativa y una auténtica miniciudad para los empleados de la entidad, con cafeterías y todo tipo de servicios. Su oferta era 51,5 millones inferior. La juez declaró vencedora la puja de los Reuben.
El banco aseguró que recurriría la decisión. En realidad tiene una forma sencilla de ganar la puja: tiene derecho de tanteo, es decir, que si iguala la mejor oferta será el comprador. Pero no quiere desembolsar 51 millones más, porque considera que su competidora ha realizado la oferta sin que se le apliquen los controles que exigía el contrato original de venta que firmó con Marme.
En el caso de que el Santander se viera obligado a subir su puja, Sorlinda se quedaría sin poder comprar la Ciudad Financiera, pero de rebote sacaría cierto beneficio por una venta a un precio superior, ya que los Reuben compraron deuda de Marme en el mercado secundario con descuento y, si en la liquidación de la sociedad se consigue más dinero, podrían rentabilizar más su inversión.
Según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, enviado al administrador concursal, Lexaudit, y también registrado en el juzgado, el Santander considera El Santander exige a los administradores concursales que revisen si Sorlinda, el fondo que ha hecho la mejor oferta por su sede, cumple con la normativa de blanqueo de capitales y de reputación. Y para que sepan dónde mirar, en el escrito enviado también al juez, destaca algunos detalles que ha recabado “en registros de carácter público”. Por ejemplo, asegura que Sorlinda es “una sociedad instrumental” creada hace siete meses y
que al aceptar esa oferta sin comprobaciones se ha incurrido en una ilegalidad y advierte que, de persistir, podrían llegar a dejar de pagar el alquiler (de unos 120 millones al año) y exigir 750 millones. El banco dice que ya había avisado por carta en octubre de que en la liquidación no se estaban cumpliendo sus exigencias.
En concreto, el Santander recuerda comprada por la británica Ibiza Property. Según el Registro Mercantil británico, añade, Ibiza Property está en pérdidas y con un patrimonio negativo de más de 3,1 millones. Y el dueño de esa firma es Stamford Group, radicado en las Islas Vírgenes. Los dueños finales o sus cuentas son opacos. Y añade que las firmas de los hermanos Reuben, que se supone que dan “apoyo financiero” a la oferta, tienen sede en las Bermudas.
que el 12 de septiembre de 2008, cuando Marme compró la Ciudad Financiera, se firmó un contrato de arrendamiento porque el banco se quedaba de alquiler. En ese contrato, se incluyó la cláusula 17.4, de “compradores no idóneos”, que se calificó como esencial. Marme se comprometía a “no transmitir la Ciudad Financiera a ninguna persona o entidad que no cumpla los requisitos de ética y cumplimiento de la legalidad nacional e internacional que se consideren habituales en el tráfico internacional; a llevar a cabo de forma diligente las actuaciones de verificación de cumplimiento de normativa sobre prevención de blanqueo de dinero y que se compruebe la identidad y reputación del potencial comprador (incluyendo también sus accionistas titulares de participaciones significativas, miembros del consejo de administración, directores generales y otras personas de similar estatus en la organización); y a dar traslado a Santander del resultado de tales comprobaciones (...) al menos un mes antes de formalizar la venta”.
La administración concursal, según critica el banco en su escrito, no le ha hecho caso. Y pasa a las advertencias: si no se cumple a rajatabla el contrato de alquiler, dice que tiene derecho a dejar de pagar la renta, reclamar una compensación de 750 millones y ejercer derecho de retracto, es decir, recuperar su sede.
El Santander confirmó que ha remitido ese escrito al juzgado, pero declinó hacer comentarios.