El Gobierno acepta negociar el traspaso de prisiones a Euskadi
La gestión de la Seguridad Social queda excluida de la negociación
El Gobierno de Pedro Sánchez envió ayer al Ejecutivo de Iñigo Urkullu el calendario de la negociación para el traspaso de 33 competencias pendientes de transferir al País Vasco; entre ellas la gestión de las prisiones vascas. Sin embargo, la agenda deja fuera de la negociación la otra gran reclamación del Gobierno vasco: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
El portavoz del ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, informó de que la negociación arrancará en febrero y se prolongará durante los siguientes 12 meses, por lo que podría culminar en enero de 2020 el traspaso de 33 de las 37 materias que viene reclamando el País Vasco. Erkoreka expresó su satisfacción por el inicio del proceso tras siete años de bloqueo absoluto durante el periodo de gobierno del PP, pero reconoció que el cronograma elaborado por el Ministerio de Política Territorial, que encabeza Meritxell Batet, deja “una sensación agridulce”, porque demora hasta julio la discusión sobre el sistema penitenciario vasco y excluye de la misma la gestión económica de la Seguridad Social”.
Los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias comenzarán dentro de dos semanas con un bloque de siete materias, cuyo traspaso podría quedar acordado en marzo.
Según Erkoreka, en esa fecha se podrían recibir las competencias legislativas sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, transporte ferroviario en líneas de cercanías y FEVE, escuelas viajeras, centro de estudios de obras públicas y administración institucional e innovación tecnológica.
La gestión de las cárceles vascas será la última en abordarse. El intercambio de las propuestas se haría después del verano y un eventual acuerdo no se materializaría antes de enero de 2020. Con relación a la Seguridad Social, Erkoreka señaló que la discrepancia con el Gobierno de Sánchez es “total y absoluta”. Su negociación queda fuera del calendario remitido por el ministerio, como también sucede con otras tres competencias: la Inspección de Trabajo y Seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina.
El Ministerio de Política Territorial considera un “avance importante” que las dos administraciones cuenten ya con un calendario que “respeta los compromisos” adquiridos por Batet en su reunión con Erkoreka en noviembre pasado, asegura un portavoz del citado ministerio. Ya en aquella cita quedó acordado que el tema de la seguridad se dejaba fuera de las conversaciones, insisten las mismas fuentes.