La Abogacía respalda el decreto y se blinda frente a reclamaciones

El letrado del Estado reconoce que la norma perjudica a los VTC

El Gobierno se apoyó en un informe de la Abogacía del Estado para defender la validez de su polémico real decreto-ley sobre los vehículos de transporte concertado (VTC) —conocido como anti-VTC o anti-Uber— y tratar de esquivar indemnizaciones multimillonarias. El abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento firma un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que asume que la norma va a causar “perjuicios” a los propietarios de las licencias, pero considera que la “eventual discordancia” entre los cálculos del Gobierno y los que hagan las empresas “queda corregida” en el propio decreto.

La normativa transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la competencia para regular la actividad de estas empresas, a las que, a modo de indemnización en especie, da un plazo de cuatro años para seguir operando en el interior de las ciudades. Pasado ese tiempo, sus coches no podrían realizar trayectos urbanos si así lo deciden las comunidades o ayuntamientos. La norma prevé incluso que se pueda ampliar ese plazo si las empresas justifican que los cuatro años no compensan el perjuicio que les causa. La Abogacía del Estado argumenta que los titulares de las licencias no son sus dueños —por lo que la norma no afectaría al derecho de propiedad regulado en el artículo 33 de la Constitución— y que tampoco les está privando de su autorización, sino que únicamente “delimita su alcance”.

El sector de los VTC, asesorado por reputados despachos de abogados en Madrid y Barcelona, cree que varios artículos del decreto son inconstitucionales. El informe de la Abogacía del

Estado los repasa uno a uno y concluye lo contrario. Sobre la cuestión competencial, por ejemplo, afirma que “no afecta al régimen de las comunidades autónomas” porque simplemente modifica un artículo de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es una ley ordinaria que “ni delimita ni regula las competencias” autonómicas.

La Abogacía también respalda la “extraordinaria y urgente necesidad” que debe justificar todo real decreto-ley (frente a la tramitación como ley ordinaria, que requiere debate parlamentario) y da por bueno como motivo la “patente conflictividad social” que alega el Ejecutivo para actuar.