El uso de una proposición de ley vieja
La modificación parcial de la reforma laboral que los socialistas contemplan como más inmediata utiliza como plataforma legal una proposición de ley del PSOE presentada en 2016. Esa medida buscaba regular la subcontratación de servicios. La diferencia en este punto se sitúa en si la referencia en las condiciones laborales del contratista son las del sector, como pide PDeCAT, o las de la empresa contratante, como exige Podemos. A esta proposición se añadirían enmiendas sobre negociación colectiva: PDeCAT defiende que los convenios sectoriales prevalezcan solo en algunas materias (salario base y jornada), y Podemos y los sindicatos defienden que la prevalencia sea general.
Los criterios del PDeCAT y del PNV no son los mismos que los de Podemos, señalan en fuentes socialistas estrechamente vinculadas a la negociación. Acercarse a los primeros —de corte más liberal— ha alejado a los socialistas de los segundos, que apuestan por medidas más progresistas. Convencer al partido de Iglesias es ahora la tarea en la que están los negociadores del PSOE y el Gobierno, que quieren utilizar con la formación morada el argumento de que “algo es mejor que nada”, en recuerdo de la fallida aprobación del decreto del alquiler.
Las instrucciones de Pedro Sánchez se dirigen a suprimir “las partes más lesivas” de la reforma laboral de 2012. En eso están la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y la secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas. Y con ellos, desde el grupo parlamentario socialista, la portavoz y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas. Esas “partes más lesivas” para el Gobierno son la estructura de la negociación colectiva (dándole prevalencia a los convenios sectoriales) o la posibilidad de regular al detalle el control de la jornada laboral. Pero encajar el puzle requerirá que PSOE, Podemos y sindicatos renuncien a parte de sus aspiraciones.
Pensiones sin avance
Merece la pena también un gran pacto sobre las pensiones, según el Gobierno. El Pacto de Toledo se reunió ayer sin ningún avance; esta comisión, residenciada en el Congreso, lleva más de dos años de trabajo para modificar el sistema de pensiones. “No va como quisiéramos y no estamos en condiciones de decir que habrá pacto, pero ya se ha conseguido mucho sobre pensiones”, apuntan fuentes socialistas de la negociación en alusión a la subida por decreto de las pensiones.
No será fácil este acuerdo pero nadie quiere dar por muerto el Pacto de Toledo, convertido ya en un icono de las políticas de Estado. Todos los partidos proclaman la necesidad de tener un sistema de pensiones sostenible. Aunque cada uno, de momento, tenga su propia visión, incompatible con la de los demás.
críticas hace años se mostraron desconcertados por su actitud “precisamente ahora cuando en la dirección nacional se ha impuesto una corriente ideológica muy próxima a sus tesis: no se entiende”.
Bauzá explica que su renuncia no es porque no coincida con los claros pronunciamientos de Casado y su equipo sino porque esos criterios no se aplican en Baleares, sino lo contrario. Y relata un sinfín de ejemplos de presuntas connivencias del actual presidente del PP balear, Biel Company, con el nacionalismo. Company, sorprendido por la fuga en Fitur en Madrid, la achacó a la deriva de Bauzá hace meses, a la proximidad de las elecciones y de la confección de listas y reafirmó que la línea ideológica la marca él porque le ganó en el último congreso con un 72% de los votos.