Navarra protege por ley sus lugares de memoria histórica

“Solo la memoria, el recuerdo de lo sucedido, posibilita tomar conciencia del trauma”. Con estas palabras arranca la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai, la aprobación de la Ley de Lugares de la Memoria Histórica de la comunidad , que ayer publicó el Boletín Oficial de Estado, tras ser aprobada por el Parlamento navarro hace unas semanas con el voto a favor de todos los partidos y la abstención del PP. Es una ley inédita en España, nacida para proteger los espacios vinculados al golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la represión durante la dictadura. La norma obliga a su protección, difusión, señalización, accesibilidad y fomento y establece sanciones de hasta 150.000 euros para quienes la incumplan o cometan actos vandálicos.

Alguna de las infracciones estipuladas son la destrucción de fosas de las víctimas, los daños en espacios o mobiliario de los lugares de la memoria, la omisión del deber de conservación o de la comunicación de un hallazgo, así como la negativa a colaborar con la Administración.

Valores de paz

La ley define como lugar a proteger aquel que sea de interés como patrimonio histórico por haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia, como fosas, lugares de detención y asesinato de las personas que sufrieron la violencia y represión franquista y obras públicas construidas con trabajos forzados de personas presas durante el régimen. El objetivo es “convertir aquellos lugares de terror en espacios de recuerdo y transmisión de valores de paz y convivencia”.

Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cree que lo importante de esta ley será la nueva definición de espacios como el Monumento de los Caídos de Pamplona, el mayor de este tipo en la dictadura después del Valle de los Caídos (Comunidad de Madrid), que está en pleno debate sobre su futuro; el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea convertirlo en cementerio.

Josemi Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria, avanza que el 1 de febrero será la primera reunión de la comisión técnica encargada de ejecutar esta norma. Será la comunidad autónoma la que garantizará la conservación, mantenimiento y rehabilitación y protección de los mismos “mediante partidas presupuestarias designadas a tal efecto”.