La Comisión Europea alerta de los riesgos de los ‘visados de oro’
España es el socio de la UE donde la práctica resulta más habitual
Una veintena de países de la UE, entre ellos España, han puesto en venta la residencia, e incluso la ciudadanía, para atraer inversión o inyectar recursos a las arcas públicas. La extensión de esa práctica inquieta a Bruselas, que advierte de los “graves riesgos de seguridad” de esa zona gris por la que extranjeros adinerados pueden hacerse con la ciudadanía europea y acceder al mercado único.
La Comisión constata que la concesión de los llamados pasaportes o visados de oro pueden esconder actividades ilícitas como blanqueos de capitales, evasión fiscal o corrupción. Por ello, el ejecutivo comunitario creará un grupo de expertos para asegurarse de que esos sistemas cumplen con la ley europea. “No dudaremos en actuar si es necesario”, advirtió ayer el comisario Dimitris Avramoupolos.
El documento elaborado por la Comisión distingue dos grupos de países: los tres que venden la ciudadanía (Bulgaria, Chipre y Malta) y los 20 —República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido, además de los tres citados— que permiten acceder a la residencia tras una inversión. Bruselas expresa una principal preocupación por los primeros. Un ciudadano extracomunitario puede hacerse con la ciudadanía chipriota por dos millones de euros, con la búlgara por un millón o con la maltesa por 800.000 euros. Pero el informe también muestra recelos por los países que dan la residencia a cambio de una inversión: los que ofrecen un permiso a largo plazo y, por lo tanto, abren la puerta a la obtención de la ciudadanía europea a medio plazo.
Avramoupolos afirmó que “no existe ninguna preocupación especial con España” a pesar de que un informe de Transparencia Internacional lo señala como el socio de la UE que más visados de oro ha concedido. En total, ha dado 24.095, según los últimos datos oficiales. Pero además, el régimen de obtención de los visados de oro en España encaja con la puerta trasera para hacerse con la ciudadanía que suscita recelos en Bruselas. Pese a que su concesión es válida durante dos años, esta se renueva por ese periodo siempre que la inversión se mantenga y garantiza la residencia permanente tras cinco años, según el informe. “Cuando un país vende su ciudadanía, vende la ciudadanía de la UE, que no es de su propiedad”, dijo la comisaria de Justicia, Vera Jourová.
La Comisión desaprueba la venta de ciudadanías nacionales porque supone el acceso al estatus de ciudadano europeo. Y eso implica libertad de movimientos en Schengen, acceso al mercado interior y el derecho a voto en elecciones europeas y locales.