Choque político en Madrid por el plazo para contratar los VTC
El periodo de tiempo que debe transcurrir entre que un usuario reserve un vehículo de transporte concertado (VTC) y que pueda recogerlo provocó ayer un duro choque entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Tras tres días de cierre patronal, el Gobierno defendió que cuantificar el tiempo de prerreserva es una competencia municipal, mientras que el Consistorio le exigió que fije antes unos límites, como la Generalitat (de 15 minutos a una hora).
Después de tres días de cierre patronal, con los taxistas asediando la feria de Madrid durante la celebración de Fitur, el Ayuntamiento (Ahora Madrid) y la Comunidad (PP) pactaron ayer abrir una mesa técnica para afrontar la crisis. Las dos administraciones miden el conflicto laboral —explicitado en cortes de carretera, una decena de heridos y un detenido—, desdes perspectivas opuestas. El borrador del decreto con el que el Gobierno regional quiere regular las VTC recoge que estas operarán en regimen de prereserva, pero no tasa el tiempo de espera entre que se solicita el servicio y se recibe. Esa decisión correspondería a los Ayuntamientos, que así podrían adaptar los límites a sus circunstancias. Sin embargo, el equipo de Manuela Carmena considera que es competencia del Ejecutivo regional fijar un tiempo mínimo y máximo que acote la decisión de cada consistorio, como ha hecho la Generalitat.
“Estamos dispuestos a legislar definiendo qué es precontratación”, explicó el presidente regional, Ángel Garrido, que se enfrenta a la crisis sabiendo que no continuará en el cargo tras las elecciones de mayo. Fijar el margen de antelación con el que los usuarios deben reservar un servicio de VTC, detalló, “corresponde” a los municipios.
“La responsabilidad es de la Comunidad, quien tiene que desarrollar el marco legal que habilite a los Ayuntamientos”, discrepó Inés Sabanés, la concejal de
pero también entre la flota negra y amarilla que se manifiesta unas calles más abajo, en la Gran Vía. Vidas truncadas por el desempleo y la precariedad. “Yo arreglaba máquinas tragaperras y me quedé sin empleo. Me ayudaron, conseguí casi dos millones de pesetas y, aquí estoy, ganándome el pan en mi taxi”, resume Fernando. Una licencia se vende ahora por unos 120.000 euros, pero este taxista avisa de que no es un empleo sencillo. “Cada día sabes que 12 o 15 horas vas a estar trabajando. Si no, no salen los números. Los primeros 60 euros van para mantener el coche, la gasolina...”.
Los apuros económicos persiguen a muchos conductores. Martí tiene 53 años y hace siete meses que trabaja conduciendo un VTC de Cabify. Tiene una deuda de dos millones de euros y casi toda su
Medio Ambiente y Movilidad de la capital, por donde circulan casi 7.000 VTC. “Nosotros podemos trabajar técnicamente, pero lo primero es que la Comunidad ponga sobre la mesa las bases de regulación. Sin eso no podemos trabajar”, añadió.
“La responsabilidad recae en la Comunidad y en segundo lugar en el Ayuntamiento. Sería mejor que Garrido diera menos consejos en materia de seguridad y que se pusiera a trabajar más en la regulación del sector”, terció el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, informa F. Javier Barroso.
vida laboral ha sido corredor de Bolsa. “En 2005 quise invertir en inmobiliaria e hice unas promociones. No conseguí vender 20 pisos y los puse en alquiler para pagar las hipotecas. Pero seis inquilinos me dejaron de pagar y no pude afrontar la deuda. Me embargaron. Después me divorcié y tengo que pagar mensualmente a mis dos hijos 1.000 euros”, lamenta. Martí es licenciado en Economía y en Geografía e Historia. “Nadie me ha contratado hasta que he llegado a las VTC”, asegura.
Los conductores de las plataformas Uber y Cabify reivindican su espacio para ganarse la vida. Y los taxistas defienden su lugar y resaltan su vocación de servicio público. Montse es una de las taxistas que se dedica a realizar servicios sociales mientras sus compañeros mantienen el parón.