Las cifras de los sectores enfrentados
Taxis. La Administración lleva prácticamente 20 años sin conceder nuevas licencias en este sector. A principios de enero había 65.972 permisos, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento.
VTC. Estas licencias llevan años existiendo, pero su número se disparó con la irrupción de actores como Uber o Cabify. Actualmente, hay más de 13.000 permisos concedidos, una cifra que creció exponencialmente en 2018 gracias a varias sentencias judiciales que desbloquearon las concesiones.
El enfrentamiento entre las dos principales Administraciones de la región se reprodujo entre los partidos en la Asamblea, demostrando las dificultades que tendrá el Gobierno para sacar adelante el decreto con el que quiere reformar la ley —sea cual sea su contenido—.
Así, tanto el PSOE como Podemos se muestran a favor de tasar la precontratación, mientras que Ciudadanos se opone, y propone “flexibilizar” el sector.
“Estamos en una situación de crisis grave”, dijo el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que pidió una mesa de negociación. “Somos partidarios de la regulación. Hay asuntos que son muy importantes, como la precontratación, de los que habría que hablar”, añadió. “A los Ayuntamientos no les corresponde esa regulación”.
“Entendemos que la parte de la precontratación es nuclear y que la Comunidad tiene que asegurar jurídicamente un mínimo y que desde ahí los Ayuntamientos puedan ampliar”, coincidió María Acín, diputada de Podemos. “La medida de Barcelona la vemos con buenos ojos”, añadió la representante del partido de Pablo Iglesias, que defiende la habilitación de una licencia municipal para las VTC.
“La segunda licencia es complicar la situación por no querer gobernar”, discrepó Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. “De la prereserva no somos partidarios. Restringe la oferta de manera artificial”.
Mientras los políticos discuten, las protestas continúan. Los taxistas de Madrid, que quieren que la regulación de la precontratación sea autonómica para tener una mayor seguridad jurídica, continuarán su protesta de forma indefinida.
“Estamos en las puertas de los hospitales y allí donde haya enfermos o gente mayor”, asegura al volante de un taxi adaptado para personas en sillas de ruedas. Comenzó con 20 años. “Estaba soltera con un hijo. Gracias a la ayuda familiar pude pagar los seis millones de pesetas que me costó entonces la licencia”, asegura. Montse lamenta que haya una parte del taxi que no se conoce. “Es una profesión sin brecha social. Yo cobro igual que mis compañeros. Y en mi caso, es el paso intermedio con una ambulancia. Si no existiéramos, nadie llevaría a según qué personas a centros de salud, al teatro o al cine”, reclama.
A falta de un acercamiento laboral entre las partes, los chóferes de uno y otro bando coinciden en sus reclamos: seguir conduciendo para llegar a fin de mes.