La patronal de Uber y Cabify amenaza con demandar a Torra
Los taxistas mantienen el paro indefinido en Madrid y dificultan los accesos a Ifema
La huelga de taxis acabó en Barcelona, pero los ánimos siguen caldeados. Las empresas que operan con licencias de vehículos de transporte concertado (VTC) se ven acorraladas por el decreto que prepara la Generalitat y que, a partir de su aprobación el próximo martes, obligará a precontratar con 15 minutos (ampliables a una hora en los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona) los servicios de los coches de Uber y Cabify. Ante este escenario, la patronal Unauto-VTC amenazó ayer con pedir “todas las responsabilidades” que puedan.
Los conductores de VTC, que desde el sábado ocupan varios carriles de la avenida Diagonal, siguen con su protesta. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, envió sendas cartas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en las que les advierte de que si el Govern legisla manifiestamente en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales, en sus palabras, deberá hacer frente a las “responsabilidades personales, administrativas y penales que se exigirán a empleados públicos y responsables políticos”. La patronal reveló que algunas empresas que tienen licencias de VTC ya preparan despidos.
Los taxistas de Barcelona desconvocaron su protesta la noche del miércoles al jueves, después de seis días de paro, y aceptaron el decreto propuesto por la Generalitat. Pero ayer ya advirtieron de que, si no sale adelante, volverán a las calles, probablemente durante el Mobile World Congress, la feria del móvil de Barcelona que se celebra a finales de febrero.
En Madrid los taxistas siguen adelante con su huelga indefinida. Ayer volvieron a colapsar los accesos a Ifema, donde se celebra Fitur, la feria turística de referencia. La Comunidad de Madrid no ha atendido sus exigencias de limitar a los VTC también en la capital, y amenazan con elevar sus protestas. Ayer la Policía Nacional detuvo a dos taxistas —uno en Ifema y otro en Atocha— y el Samur ha atendido a 14 personas. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Pedro Saura, se limitó a lamentar que el presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, haya estado cuatro meses sin ocuparse de la regulación de las licencias VTC, lo que ha motivado el nuevo conflicto con el taxi, según sus palabras.