Confirmada la multa a Òmnium por un sondeo soberanista
La Audiencia Nacional confirmó ayer la sanción de 200.000 euros por infracción muy grave que la Agencia Española de Protección de Datos impuso en abril de 2016 a Òmnium Cultural por realizar una encuesta por toda Cataluña sobre la independencia que, por la forma en que se llevó a cabo, permitía identificar a partidarios o contrarios a la secesión. La entidad soberanista, presidida entonces por la fallecida Muriel Casals, realizó la llamada “Gigaencuesta” entre octubre y noviembre de 2014, en plena campaña de movilización para la consulta del 9-N, que organizó la Generalitat pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El sondeo se realizó por correo postal y con 30.000 voluntarios que recorrieron Cataluña puerta a puerta con el objetivo de llegar a tres millones de domicilios. Finalmente, obtuvieron 82.814 respuestas. El macrosondeo constaba de seis preguntas, la mayoría formuladas con un evidente sesgo favorable a la ruptura de Cataluña con el resto de España. También se pedía el consentimiento de los encuestados para recoger sus datos personales, entre ellos nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Finalizada la encuesta, la información se procesó a través de una aplicación.
La Agencia de Protección de Datos accedió a esta aplicación, donde figuraban sin separar las respuestas y los datos personales. Además, las encuestas en papel incluían anotaciones referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones (no irá a votar, no es legal, no interesa…). El tribunal concluye que Òmnium hizo un tratamiento de datos de los encuestados que permitía asociarlos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos”.
Las imposturas van y vienen de la oposición al poder. Ahí está “la alternancia”. Estos días, a propósito de Andalucía, esa ha sido la segunda palabra más citada, celebrando la “alternancia necesaria” por “higiene democrática”. Y es verdad: toda administración de gasto, como la andaluza, tiende a generar un sistema clientelar esclerotizado. Sí, pero ¿los mismos que han entonado ese discurso van a reclamar que haya alternancia en Castilla y León, donde el PP ya pasa de 30 años en el Gobierno? ¿O en Málaga, su mayor capital, donde frisan 25 años continuados? No, claro que no. De modo que, al final, el mensaje es que las ideas, como la alternancia o la lista más votada, sólo son camelos oportunistas. Y se extrañan de la confianza perdida.
La política reducida a competición va de impostura en impostura. Y si los llamados partidos institucionales se manejan así, ¿por qué no ceder a las tentaciones genuinamente populistas que al menos actúan sin hipocresía?