Primeros pasos para exhumar a represaliados del Valle de los Caídos

El director de Memoria Histórica: “Haremos todo lo posible para devolverlos a sus familias”

crimen sea quien lo cometió. Y en un Juicio Justo —también con J mayúscula— entendemos que todas las dudas razonables comentadas en los párrafos anteriores no pueden ser descartadas como meros tecnicismos.

Por todo ello, con respeto y empatía, no podemos compartir la afirmación que hacía esta víctima de que España debe asumir que Ibar es un criminal. En nuestra opinión, España y su ciudadanía tienen datos suficientes para analizar —con racionalidad y sin caer en lo emocional— todos los hechos. Nosotros también lo hemos hecho, y por ello seguiremos apoyándole, para que todo esto no acabe en una injusticia mayúscula.

Andrés Krakenberger es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. El Ministerio de Justicia trata de devolver a sus familias los restos de siete víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos junto a Franco. Técnicos del Instituto Nacional de Toxicología han tomado muestras de ADN a la sobrina de José Antonio Marco de Viedma, industrial de Calatayud fusilado en 1936. El Ministerio tramita las peticiones de los descendientes de otros seis hombres enterrados en el mausoleo sin el consentimiento familiar y en los próximos días, dada su avanzada edad, les tomarán muestras genéticas en sus lugares de residencia. Mientras, los técnicos estudian las criptas para establecer la viabilidad de la exhumación e identificación de las víctimas. “Vamos a hacer todo lo posible para que las familias recuperen los restos. Antes, directamente se les decía que no. Ahora hay voluntad política para intentarlo”, afirma el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez.

Martínez se reunió ayer con el director del Instituto Nacional de Toxicología a fin de dar los primeros pasos para la creación de un banco de ADN que permita identificar a las víctimas que aún yacen en fosas comunes. El plan nacional de búsqueda de desaparecidos del franquismo depende de la aprobación de los presupuestos, donde el Gobierno ha previsto una partida de 15 millones para memoria histórica.