Familiares, testaferros y clientes
La lista de imputados incluye a la actual esposa y al hijo de Villarejo, así como a familiares de otros dos comisarios. También figura el socio del policía, Rafael Redondo, y Juan Carlos Escribano, supuesto testaferro. El juez también investiga a 12 clientes y dos abogados, así como a cuatro informantes de la red y un hacker informático. En el sumario principal ya hay una decena de piezas separadas. De ellas, cuatro son aún secretas y una, la que analizaba los contactos de Corinna zu Sayn-Wittgenstein con Villarejo, ha sido archivada. La Policía ha pedido iniciar una nueva, bautizada como Austria, con la documentación intervenida sobre el encargo del BBVA para espiar a Ausbanc. en la documentación que se le intervino tras su arresto.
Ambos sumarios suman ya, al menos, 38 imputados, aunque fuentes jurídicas reconocen que al estar buena parte de la investigación aún bajo secreto, esa cifra puede ser mayor. De los que se conocen, cerca de un tercio corresponden a policías en activo o ya jubilados, entre ellos cinco comisarios. Así, además de Villarejo —que se jubiló en junio de 2016— y García Castaño, están los también comisarios Carlos Salamanca, Andrés Gómez Gordo y Eugenio Pinto. Este último, procesado recientemente por otro juez por intentar introducir en el caso Pujol un pendrive con información bancaria supuestamente robada a la familia del expresidente de la Generalitat, fue el jefe máximo de la Policía entre 2012 y 2016 en su condición de director adjunto operativo.
Jubilados y en activo
Entre los otros policías hay dos inspectores jefes ya jubilados —Juan José Díaz y Manuel Novoa—, el inspector Antonio Bonilla —que figuraba como directivo de una de las empresas de Villarejo—, y tres policías. Uno es David Fernández Aumente, ya retirado, pero que ejercía de jefe de seguridad de una de las clientas del comisario jubilado, la empresaria Susana García Cereceda. Otros dos agentes son la esposa de García Castaño y un policía que supuestamente facilitó información reservada sobre un pequeño empresario y un abogado andaluz a los que la trama pretendía extorsionar por encargo.
El último agente imputado es Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente durante el espionaje sin control judicial al que la Policía sometió al extesorero para robarle documentación comprometedora para el PP. Ríos, que recibió por su colaboración 2.000 euros al mes durante cerca de dos años, también fue recompensado con su ingreso en la policía nacional cuando tenía 40 años, muy por encima de la edad media habitual de los aspirantes. Las pesquisas han revelado que Villarejo también contaba con la colaboración de un funcionario de Hacienda, Antonio Chaparro, y un responsable de informática del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés.