Ábalos sí que tiene una patata caliente en Iberia
Fomento se vuelca en Bruselas para demostrar la españolidad de la compañía aérea para que no pierda los derechos de vuelo. Por Miguel Ángel Noceda
Los responsables de International Airlines Group (IAG) e Iberia han aprovechado la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para lanzar una nueva ofensiva sobre la españolidad de la empresa y del grupo ante los problemas que plantea la aplicación del Brexit duro. En ello se ha desvivido su presidente, Luis Gallego, que acudió al stand de la compañía en la citada feria para significárselo a la prensa, con quien hizo algún corrillo informativo, y a cualquiera que quisiera escuchar.
También se reunió en el recinto con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que sí que tiene una patata caliente en esta cuestión, no como en el conflicto de los VTC y los taxis, que se la ha pasado a las comunidades autónomas. De hecho, el ministerio que dirige ha solicitado árnica a Bruselas para encontrar una salida al conflicto. La Comisión Europea ha amenazado con quitar los derechos de vuelo dentro de la Unión Europea a Iberia si hay un Brexit duro, y eso el Gobierno español no lo puede admitir. En concreto, España negocia al máximo nivel una prórroga de al menos un mes para que se tome una decisión. Debe demostrar que tiene más del 50% de capital comunitario. En esas está el ministro, a quien los responsables de IAG le han colmado de documentación y argumentos. Entre ellos, que es muy difícil determinar de dónde son los accionistas del grupo.
Según datos a 18 de enero de este año del grupo, se deduce que en torno al 50% de ellos están en el free float (atomizado en Bolsa). El resto del capital está controlado por Qatar Airways (21,4%), Standard Life (6%) y los fondos Capital Research Management Company (10,7%), Europacific (5,3%), BlackRock (3,1%) y Lansdowne (1,6%). Es decir, muy repartido e indeterminado, aunque si los británicos dejan de ser comunitarios resulta complicado demostrar que el capital de dentro de la UE es superior al 50%.
IAG, que preside el español Antonio Vázquez, es el resultado de la fusión habida entre British Airways e Iberia en 2011. Además de estas dos compañías, controla la también española Vueling y la irlandesa Aer Lingus. Es decir, los efectos del Brexit también impactarían en Vueling de forma directa. Sin embargo, aunque IAG controla el 100% de los derechos económicos de Iberia, en la fusión se creó
un sistema por el que, para garantizar su españolidad, los derechos políticos se repartieron: el 49,9% quedó en manos de IAG, pero otro 50,1% son de Garanair, propiedad de El Corte Inglés. A su vez, la mayoría del capital de Vueling pertenece a Iberia. Esa fórmula, ideada en 2011, es la que la empresa ha desempolvado para defender que la mayoría de los derechos políticos de Iberia están sin duda en manos españolas. Garanair —en la que tuvo participación Bankia pero desde abril de 2018 es solo de El Corte Inglés— está presidida por Jorge Pont, patrono de la Fundación Ramón Areces, principal accionista de ECI, con la que comparte domicilio. Pont es, además, vicepresidente de Iberia.
Ahí está la cuestión. Bruselas debe decidir si todos esos considerandos son suficientes para que no retiren los derechos de vuelo. Ni que decir tiene que algunos competidores, como Lufthansa y Air France, no verían nada mal el recorte, lo que les permitiría ganar mercado y no sería nada raro que intercedieran en contra.
Según las fuentes ministeriales y del entorno del grupo, existe un moderado optimismo para que las cosas se solucionen a favor. En el grupo tienen la convicción de que cumplirá con la normativa sobre propiedad y control, tanto en Reino Unido como en la UE, después del Brexit. Su insistencia radica en que IAG es una compañía española,
con sede social en Madrid, y las aerolíneas del grupo tienen certificados de operación establecidos desde el inicio. En Fomento están convencidos de que Iberia es una compañía española y de que, con pequeños cambios en el control que acometerá, la compañía asegurará el cumplimiento de la normativa. En el sector turístico, por otra parte, se ha exigido que se actúe con rapidez, teniendo en cuenta sobre todo que Reino Unido es el mercado más importante para España, con 18 millones de turistas al año.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, que tiene mucho que decir, no expresó dudas sobre la españolidad de Iberia cuando se fusionó con British Airways en 2011. Otra cosa es que esa decisión se pueda impugnar (a instancias de Bruselas o de los competidores), pero sería un proceso largo, de modo que se diluyen los riesgos a corto plazo para Iberia.
La aerolínea aprovecha la celebración de Fitur para lanzar una nueva ofensiva
El ministerio ha pedido una prórroga para convencer a la Comisión Europea