La coalición de Tusk denuncia al gobernador del banco central polaco
Los liberales denuncian a Adam Glapinski por, supuestamente, ayudar al Gobierno anterior
La coalición liberal encabezada por Donald Tusk tenía a Adam Glapinski en el punto de mira desde antes de llegar al Gobierno de Polonia en diciembre pasado. Le acusaban de haber faltado al precepto constitucional que exige independencia al gobernador del banco central (Narodowy Bank Polski, NBP), al haber tomado decisiones que favorecían al entonces Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), como bajar los tipos de interés en plena campaña electoral. Tusk prometió entonces que llevaría a Glapinski, nombrado por PiS, ante el Tribunal Estatal, un órgano judicial reservado a los más altos cargos del Estado. Ayer la coalición inició el proceso, presentando una moción en el Sejm, la Cámara baja del Parlamento, que incluye ocho acusaciones.
En la solicitud para que el Sejm apruebe llevar al gobernador ante la justicia, se le acusa de ser partícipe de actos de “agitación pública” durante la campaña electoral “a favor del partido político Ley y Justicia”. También, de “comprar activos en condiciones de alta inflación” y de “bajar los tipos de interés del NBP”, una decisión contraria a la doctrina habitual de subida de los tipos para contener el alza de los precios. El texto presentado considera que las rebajas de los tipos en septiembre y octubre pasado estuvieron “directamente relacionadas con la campaña electoral” y provocaron “el debilitamiento de la moneda polaca”, el esloti. En septiembre, el NBP bajó los tipos 75 puntos básicos y en octubre, a pocos días de las elecciones, 25. Desde entonces, no se han movido del 5,75%. La inflación sí está en caída, sin embargo, hasta el 2,8% de febrero, una tendencia que Glapinski, que niega cualquier conducta inapropiada, usa en defensa de su política.
Exigir responsabilidades a altos cargos del anterior Ejecutivo ultraconservador era una de las principales promesas electorales de la coalición encabezada por
Tusk, líder del partido de centroderecha Plataforma Cívica. El caso de Glapinski, un viejo amigo del líder de PiS, Jaroslaw Kaczynski, estaba entre las 100 medidas que tenían previsto emprender en los 100 primeros días de Gobierno. El plazo para cumplir esas promesas expiraba la semana pasada y del centenar, los medios polacos aseguran que se han cumplido una docena.
Kaczynski ha considerado “un abuso de la ley” el inicio del proceso. “Es un crimen contra la economía y la credibilidad polacas”, dijo la semana pasada el hoy opositor. El traspaso de poderes del Gobierno ultraconservador al liberal se ha desarrollado en un ambiente político extremadamente convulso. El Ejecutivo de Tusk llegó con la intención de hacer una limpieza profunda en instituciones y empresas públicas de altos cargos colocados por PiS. Sus métodos no se han ajustado siempre a la ley, como en su primer intento para cambiar la cúpula de los medios de comunicación públicos.
El documento con las acusaciones, de 68 páginas, también achaca al gobernador haber asegurado la financiación indirecta al Estado y de realizar estas actividades sin autorización del Consejo de Política Monetaria. Los partidos del Gobierno le acusan además de haber realizado “intervenciones monetarias” y de “engañar” al Ministerio de Finanzas en la preparación del proyecto de ley de presupuestos de 2024.
El proceso para llevar a Glapinski ante el Tribunal Estatal puede llevar varios meses. Tras la recogida de 191 firmas de diputados —de los 459 en activo—, el caso recae en la comisión parlamentaria de responsabilidad constitucional. Este órgano decidirá si recomienda al Sejm enviar al gobernador ante la justicia. Si se aprueba la moción, Glapinski quedaría suspendido.