Andorra embarga 100 millones al abogado de Peña Nieto
Juan Ramón Collado manejaba un circuito de cuentas con conexiones en varios países
Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a prohombres del país latinoamericano como el expresidente Enrique Peña Nieto (20122018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene más de 100 millones de euros embargados en Andorra desde 2015. Así se desprende de informes confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que esbozan un alambicado circuito de cuentas en Andorra con ramificaciones en Holanda, Panamá y Hong Kong.
Collado, de 60 años, recurrió a un complejo tinglado para mover su fortuna. Su estructura se canalizó primero a través de los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y después del Crèdit Andorrà. Y sirvió para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según los investigadores andorranos.
Los balances confirman que el influyente letrado tenía en marzo de 2023 en Andorra al menos dos cuentas a su nombre con 18,9 millones de euros. Y que manejaba el resto de su patrimonio en el país pirenaico a través de sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas. Se trata de las mercantiles Marathon Corporation CV (con la que controló 30,9 millones), Constellation Investments CV (44,9 millones), Diamond Corporation CV (5,7) y Kayser Investments (474.336 euros). Collado usó presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad.
El que fuera letrado de Peña Nieto no tuvo el dinero inactivo e invirtió más de la mitad de su patrimonio en Andorra (56,4 millones) en fondos de renta variable y acciones de compañías como Volkswagen, Apple, Disney o Basf, según los extractos de las cuentas a los que ha tenido acceso este diario.
En paralelo al cerco contra Collado, la justicia andorrana ha puesto el foco sobre su entorno más directo. Stephanie García, jueza que instruye esta causa por blanqueo bautizada como Operación Jet, ordenó el pasado año la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto hombre de paja de Collado, socio de su bufete en México Collado y Asociados SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) y encargado de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado, según los investigadores.
Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, sostiene que el patrimonio de su cliente en el país pirenaico está justificado y niega que Sánchez Montemayor haya actuado como testaferro. Indica también que en los próximos meses trabajará para que se archive la investigación y se levante el embargo. En su declaración ante la jueza del país europeo, Collado vinculó su fortuna en Andorra (un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario) con la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que creó su padre en 1999.
En la batería de nuevas pesquisas, la instructora también ha pedido que se indaguen cinco compañías instrumentales conectadas al opaco tinglado de Collado. Entre ellas, figura la sociedad de Curazao (Países Bajos) Protostar Private Foundation.
La jueza quiere con este movimiento estrechar el cerco sobre el entorno familiar del letrado. Y, por eso, ha solicitado incorporar a la investigación un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del pequeño país dedicado a combatir el blanqueo, que indaga sobre la hermana del abogado Lucía Collado Mocelo, de 55 años; y su cuñado, Mario Andrade Manzana, de 56.
La jueza menciona 10 nuevas sociedades radicadas en Holanda, Panamá y Hong Kong que fueron usadas para mover el caudal de fondos bajo sospecha. Collado declaró que modificó su estructura en Andorra después de un robo en la oficina de representación de BPA en México, donde desapareció una memoria USB con información confidencial de los clientes.
Las pesquisas andorranas contra Collado se unen a otros procedimientos judiciales que han salpicado al influyente abogado en su país natal. Un juez federal absolvió el pasado febrero al letrado de una investigación por blanqueo y delincuencia organizada vinculada a la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía de servicios financieros Caja Libertad. La decisión forzó la liberación del abogado, que llevaba en prisión desde julio de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador tildó de “podrido” al poder judicial mexicano tras conocer la liberación del defensor.
El letrado invirtió 56,4 millones en fondos de renta variable y en acciones
La justicia andorrana ha puesto el foco también en su entorno más directo