PP y Vox entierran la oficina anticorrupción de Baleares: “Es un invento”
Los socialistas estudian llevar al Constitucional la supresión, que hace de la comunidad la primera en eliminar este órgano de control
Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares aprobaron ayer—con los votos en contra de PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control, extendido en otras regiones de España y que hasta ahora permitía formular denuncias anónimas para investigar tanto presuntos delitos como posibles irregularidades administrativas en las instituciones. El Gobierno autonómico del PP que preside Marga Prohens rechazó las peticiones de organizaciones como Transparencia Internacional España, que, junto a una veintena de entidades, reclamó el mantenimiento de la oficina para favorecer el control de los cargos públicos. El PP argumenta que la oficina es “un invento” del PSOE que “nunca ha funcionado”. Los socialistas acusaron a Prohens de fomentar “la opacidad” y avanzaron que se plantean recurrir ante el Constitucional.
La nueva ley aprobada por el PP y Vox avanza en la ocultación pública de las declaraciones de bienes y de patrimonio de sus altos cargos y en una rebaja de la transparencia. A pesar de contemplar la obligación de que los cargos públicos presenten declaraciones patrimoniales y de bienes, el registro que se creará a tal efecto tendrá carácter reservado y sólo accederán al mismo el Parlamento, los órganos judiciales, la Sindicatura de Cuentas o determinados órganos administrativos.
De hecho, la ley no contempla ningún régimen sancionador contra el incumplimiento a la hora de publicar las declaraciones y cercena la opción de presentar denuncias anónimas por parte de funcionarios o ciudadanos, como amparaba hasta ahora la oficina.
Los 207 expedientes que actualmente están en tramitación —14 de ellos, a lo largo de este año— por parte de los funciona
El Ejecutivo regional decidirá el futuro de los 207 expedientes en tramitación
La nueva norma no sanciona a quienes no publiquen su declaración de bienes
rios de la oficina pasarán, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la comunidad autónoma, a las administraciones competentes según el objeto de la denuncia. En la práctica, eso significa que será el Gobierno balear el que decidirá si sigue o no adelante con los expedientes y cuáles se llevan a término. Además, la ley declara la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos desde que se iniciaron las actuaciones. La nueva normativa contempla un plazo para el cierre de la oficina de seis meses y el cese de su director, Cristóbal Milán, de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la ley.
“Es un desastre de ley, por decirlo finamente, un desastre desde un punto de vista político, técnico y jurídico”, lamentó durante el pleno del Parlamento regional la diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, quien acusó a Prohens de actuar “por venganza” para evitar que se investigara una presunta trama urbanística en el municipio mallorquín de Campos que afecta a un socio de su padre. Para la portavoz de Més per Mallorca, María Ramón, el órgano que asumirá parte de las funciones de la oficina —la Inspección General de Calidad— “no es independiente”. “¿Cómo investigará un posible caso que afecte a la misma comunidad de Baleares, se investigarán entre compañeros o entre superiores jerárquicos?”, inquirió.
El diputado Josep Castells, de Més per Menorca, criticó que la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la comunidad tenga encomendada la gestión “de esta documentación altamente sensible” cuando considera que no es un organismo que pueda “instruir un expediente por un problema de corrupción”.
Tanto el PP como Vox hicieron una defensa férrea de su nueva ley. El diputado popular Mauricio Rovira defendió que sea la Inspección General de Calidad la encargada de asumir los expedientes pendientes: “La remisión a este órgano es la mejor y la más independiente, desde luego mucho más independiente que la actual oficina de lucha y persecución de los contrarios políticos del PSIB”.
“Un gasto superfluo”
La diputada de Vox Patricia de las Heras, celebró el cierre “de un chiringuito” que a su juicio pretendía dar “apariencia de buen gobierno al Gobierno más corrupto”. El cierre de la oficina no estaba incluido en el programa electoral del PP, aunque el acuerdo suscrito con Vox para garantizarse la investidura de Prohens sí contemplaba la eliminación de los organismos públicos “que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos”. En los ocho años de funcionamiento, la oficina ha tramitado 522 denuncias.
La supresión llega cuando el Gobierno de Prohens se encuentra inmerso en un expediente para reclamar el dinero pagado por unas mascarillas a una empresa investigada por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo. La presidenta del Govern, interrogada en el Parlamento por el PSIB, insistió ayer en que el expediente de reclamación no ha caducado y argumentó que desistir no tiene que ver con los plazos sino con las dificultades de que prospere, precisamente por el certificado de conformidad firmado por el anterior Ejecutivo.
“Este certificado es la defensa de la empresa de la trama”, señaló la presidenta. La líder del Govern reiteró que el Ejecutivo no se conforma con los 2,6 millones de la diferencia inicial, sino que opta por la nulidad del contrato para recuperar la totalidad del montante. “Lo único que ha caducado son las mascarillas”, concluyó.