Una ofensiva repleta de premisas falsas
La cruzada de ambos partidos contra las leyes de memoria se basa en mentiras e imprecisiones
El PP y Vox continúan su particular cruzada contra la legislación en materia de memoria para sustituirla por llamadas “leyes de concordia” allá donde gobiernan juntos. Ambos grupos han registrado recientemente en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana textos muy similares basados en premisas falsas. La ofensiva no afecta a la vigencia y aplicación de la ley estatal, pero supone un retroceso en la aplicación de los principios de derecho internacional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Mientras el Gobierno central desarrolla, con retraso, la ley de memoria democrática (2022), que prevé, entre otras medidas, la retirada de vestigios franquistas, Vox retira placas de homenaje a represaliados del franquismo.
“División partidista”. Tanto el PP como Vox sostienen, como principal argumento contra las leyes de memoria, que solo atienden a las víctimas de un bando, el republicano. “Las nuevas generaciones”, afirma un párrafo calcado en el texto de Castilla y León y el de la Comunidad Valenciana, “han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada” de la Guerra Civil para “alimentar una división partidista”. La proposición de ley castellano y leonesa establece que adoptarán “las medidas necesarias” para exhumar los restos de víctimas “con independencia de la ideología”. Vox celebró ayer que había logrado “acabar con el sectarismo de la izquierda en Castilla y León aprobando una ley de concordia que reconoce la persecución religiosa antes y durante la Guerra Civil”. Pero la normativa anterior, de 2018, ya establecía el compromiso de atender a “todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión”. Del mismo modo, la ley valenciana que PP y Vox quieren derogar ampara “de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas” a “todas las personas que hayan sufrido daños [...], sin especificar bandos, ni ideología. Tampoco lo hace la ley estatal. Es decir, si represaliados a manos del bando republicano hubiesen pedido amparo a estas administraciones, la normativa vigente las habría atendido. Pero esas víctimas ya fueron reparadas durante la dictadura porque Franco encargó, entre otras medidas, un protocolo de exhumaciones.
Además, la palabra “concordia”, con la que PP y Vox titulan sus nuevas leyes, está presente en todos los textos legislativos de memoria que pretenden derogar.
Alusión a ETA. La proposición de ley valenciana afirma en su exposición de motivos: “Vamos a aprovechar para reconocer a todas las víctimas de la violencia política y social que ha vivido nuestro país, también las del terrorismo”. Los representantes del PP y Vox que la firman son conscientes de que ya existe una ley que ampara a este colectivo, por lo que el texto aclara que la nueva normativa “no elimina ni uno solo de los derechos que ya están reconocidos” y que dicha ley “sigue vigente”.
Maniobras para evitar la expresión “golpe de Estado”. “La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. Esta frase, que figura en la proposición de ley de Castilla y León y en la valenciana, muestra los esfuerzos semánticos de PP y Vox para evitar referirse como tal al golpe de Estado del 18 de julio.
La palabra “concordia” aparece en todas las leyes que quieren derogar
La Guerra Civil fue la respuesta, según sus textos, a “dinámicas de años anteriores”
Legitimidad de “todos los regímenes”. Al tiempo que establece la necesidad de promover “los valores constitucionales”, el texto del PP y Vox en la Comunidad Valenciana afirma que no se reabrirán “las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria” y critica la legislación de memoria de los gobiernos de izquierdas como una “intromisión del Estado en la conciencia” para “impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada”.