Andalucía preserva su modelo concertado de escuelas infantiles
La Junta devuelve 119 millones de euros de los fondos europeos que estaban destinados a la creación de plazas públicas gratuitas para el ciclo hasta 3 años
La Junta de Andalucía ha devuelto 119 de los 123 millones que recibió con cargo a los Fondos Next Generation para ampliar las plazas públicas gratuitas en la educación de 0 a 3 años. El motivo: ese planteamiento para avanzar en la universalidad de esa etapa educativa desmantelaría el actual modelo andaluz que se apoya en una red de conciertos con escuelas infantiles privadas que se consolidó durante la etapa de los gobiernos socialistas y que el Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno considera “un éxito”.
Cuando en 2021 el Gobierno central activó una partida de 665 millones de euros de los fondos europeos para extender la educación infantil de 0 a 3 años a través de plazas públicas gratuitas, la Junta se opuso frontalmente y anunció que renunciaría a la parte que le correspondiera y pidió al Ministerio de Educación que flexibilizara las condiciones para permitirle aprovechar esos recursos económicos en ampliar las bonificaciones de las plazas concertadas con las escuelas infantiles. Tras la polémica que generó esa decisión, el Gobierno de Moreno se echó para atrás y aceptó los fondos, pero en este tiempo solo se han ejecutado cuatro millones a través de dos convocatorias destinadas a los ayuntamientos con muy poca concurrencia, mientras seguía negociando con el Ejecutivo un cambio en las condiciones de aplicación de los fondos europeos.
¿Más plazas públicas o más subvenciones? Es la disyuntiva que subyace entre los dos modelos para garantizar la expansión de una escolarización en una etapa que no es obligatoria ni gratuita pero que es crucial para el desarrollo educativo, el fomento de la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar. En España conviven varios patrones y el andaluz es el único en el que en la educación infantil de 0 a 3 años prima la colaboración público-privada en el que, en la actualidad, el 53% de las plazas están bonificadas al 100% y el resto se subvenciona en función de la renta. Se trata de un sistema impulsado por los gobiernos socialistas cuando la red de escuelas públicas era muy pequeña.
Andalucía es la única comunidad gobernada por el PP que ha rechazado adaptarse a los criterios acordados entre el Gobierno y la UE para destinar estos fondos finalistas. “Nuestro sistema desde 2002 es particular”, señala Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, una de las asociaciones que junto con las principales entidades del sector —todas privadas—, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos CC OO, UGT, FSIE y USO forman parte de la Mesa del Primer Ciclo de Educación Infantil que avaló —con la oposición de UGT y CC OO—, la decisión de la Junta de devolver los 119 millones de euros. “Se trata de un programa para ofrecer plazas bonificadas a las familias en función de su renta. Desde entonces, casi todas las escuelas infantiles que se han creado son de titularidad privada, pero las plazas se ofertan en función de un precio público. Lo único que no es público es la titularidad y el edificio”, añade.
Este modelo ha provocado que
Andalucía sea la comunidad española donde la red privada tiene más peso, un 64%, 18 puntos por encima de la media nacional. También es una de las comunidades donde mayor tasa de escolarización hay en los tramos de 0 a 2 años (el 53,8%, casi ocho puntos por encima de la media) y el 97,1% en 3 años (la media está en el 96,6%), de acuerdo con los datos recogidos en Avance 2022-2023 del Ministerio de Educación.
La Junta apoya su decisión en que la mayoría de las escuelas infantiles de titularidad privada, alrededor de 2.200, son pequeñas empresas que emplean a 16.000 personas, la mayoría mujeres, cuya subsistencia y puestos de trabajo asegura que peligrarían si se implantara ahora la extensión de plazas públicas gratuitas. Unas plazas que, además, no son necesarias, alegan desde el Gobierno andaluz. El sistema cuenta con 120.000 y en la actualidad, por el descenso de la natalidad, hay 20.000 sin ocupar.
“Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes y su eficacia depende de cómo se implemente”, explicaba en 2022 Álvaro Ferrer, especialista de Equidad Educativa de la ONG Save the Children durante la presentación del informe Donde todo empieza, sobre la educación infantil de 0 a 3 años en España. “La creación de plazas públicas suele estar más controlada por la Administración y hay mayor planificación. Un modelo que impulsa los conciertos con los centros privados, donde la oferta crece en función del interés económico y hace que se desatiendan zonas donde hay mayor pobreza y no se compensan las desigualdades. Por eso es importante la planificación, para evitar desigualdades e inequidades en el acceso”, indicaba.
“El criterio del reparto tiene un trasfondo ideológico que no entra a valorar la idiosincrasia de nuestro sistema”, sostiene Uncala. Su organización, como la Junta, considera que si hubieran podido disponer de esos fondos conforme a sus criterios se podría haber universalizado la bonificación e incrementado la escolarización hasta los dos años al 90%. “Tenemos la necesidad de que todas las plazas sean gratuitas, ahora la ayuda no es universal y llevamos tiempo reclamándolo “, dice Uncala.
Según los datos que manejan en Escuelas Infantiles Unidas una familia con un hijo en una guardería concertada cuyos padres perciban el Salario Mínimo Interprofesional tendría que pagar 278,88 euros. Expertos en educación infantil como Vicenç Arnaiz advierten en contra de criterios de admisión como la renta que, muchas veces, se convierten en barreras porque muchas familias con trabajos precarios no pueden demostrar actividad laboral.
UGT y CC OO, presentes en la mesa de Escuelas Infantiles se desmarcaron de la decisión de la Junta. “No entendemos cómo la Junta se está quejando permanentemente al Gobierno central de la insuficiente financiación de Andalucía y luego rechaza unos fondos económicos que vienen a repercutir positivamente en el sistema educativo y las familias”, señaló el lunes Marina Vega, secretaria general de Enseñanza de CC OO que acusó al Ejecutivo de Moreno de utilizar políticamente la educación infantil.
El sindicato Ustea tiene claro que la decisión de devolver los fondos europeos “es una muestra más de la política educativa del Gobierno de la Junta, que tiene como principal objetivo el impulso del negocio de la enseñanza privada en detrimento de la educación pública” y señala que, si se hubieran creado las 12.000 plazas públicas gratuitas convenidas para la ejecución de esa partida, la comunidad se habría acercado a la media española en cuanto a centros públicos en este primer ciclo de la educación infantil.
El Gobierno andaluz quería ampliar su actual sistema de bonificaciones
El sindicato Ustea opina que el PP quiere impulsar la enseñanza privada