El Tribunal de Cuentas ultima el fallo sobre la malversación del ‘procés’
La instructora del Tribunal de Cuentas que debe dictar sentencia sobre la supuesta malversación de fondos públicos en el procés, Elena Hernáez, abrió ayer el trámite de conclusiones. Hernáez da 10 días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC), como partes demandantes, para que le envíen sus informes; después dará un plazo similar a las defensas, y el siguiente paso será ya dictar sentencia.
La decisión de la consejera se produce cuatro meses y medio después de la celebración del juicio sobre la presunta responsabilidad contable de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros, altos cargos y funcionarios de la administración catalana, hasta un total de 35 investigados.
El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas de las administraciones. Sus miembros son elegidos por las Cortes y las sanciones que impone son siempre económicas, pues su jurisdicción es contable. En la causa del procés, la Fiscalía reclama que los encausados restituyan 3,4 millones por el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1-O y para la promoción exterior del plan independentista a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). Sociedad Civil Catalana reclama una sanción de 5,3 millones. La Abogacía del Estado se retiró del procedimiento en enero de 2022.
El Supremo ya apreció el delito de malversación en su sentencia sobre, que dictó en octubre de 2019, pero la fijación de la cuantía exacta desviada corresponde al Tribunal de Cuentas. En todo caso, esta es una de las causas que serán previsiblemente amnistiadas cuando entre en vigor la ley de amnistía.
En la providencia dictada ayer, Hernáez declara abierto el trámite final de conclusiones tras rechazar, el 10 de enero, el último recurso de las defensas, que pedían suspender todo el procedimiento por la inminencia de la amnistía. Aproximadamente dentro de un mes, Hernáez —nombrada a propuesta del PP— podrá tener sobre la mesa los escritos de las partes y dictar sentencia.