Los jueces ponen coto a la estrategia ultra en el Valle de Cuelgamuros
La justicia ha comenzado a poner coto a los grupos ultras que tratan de boicotear judicialmente los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo que, desde junio, se desarrollan en el Valle de Cuelgamuros —nombre que recuperó en 2022 el Valle de los Caídos, el mausoleo del dictador Francisco Franco—. La Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos meses diferentes recursos de colectivos antimemorialistas que, mediante subterfugios, intentar frenar esas labores. El tribunal ha condenado, incluso, al pago de las costas a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos por sus excesos; y la Fiscalía ha solicitado multar a una mujer que, respaldada por Abogados Cristianos, ha actuado con “mala fe procesal”.
El verano pasado, los planes del Gobierno de seguir adelante con las exhumaciones se tradujeron en una batería de iniciativas para detenerlos, así como en los ataques de la derecha y la extrebunales ma derecha. El Ejecutivo insistió en que, pese al adelanto electoral, no iba a frenar esos trabajos para devolver los restos a las familias de más de 160 víctimas que los reclaman. De hecho, estas labores comenzaron el 12 de junio, como avanzó EL PAÍS. Y han permitido ya la recuperación de 12 asesinados en 1936 en Aldeaseca y en Fuente El Saúz (Ávila), 11 de los cuales han sido identificados genéticamente y cuyos restos han sido entregados a sus familiares.
El anuncio del comienzo de las exhumaciones provocó que los grupos ultras empezaran a moverse para boicotearlas, al igual que ocurrió en 2019 cuando se decidió trasladar los restos del dictador Francisco Franco. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos encontró en la jurisdicción contencioso-administrativa una vía a explotar. Y acudió a la Audiencia Nacional. Este colectivo acudió ante los triel tras recibir la respuesta negativa que Patrimonio Nacional le había dado a una carta para pedir que se paralizaran las exhumaciones y se adoptaran, además, medidas cautelares para hacerlo. Sus pretensiones, que se encontraron con la oposición de la Fiscalía, fueron rechazadas primero por el Juzgado número 5, que ya lo condenó a costas. Pero la asociación decidió recurrir de nuevo a la Sala de lo Contencioso-administrativo, que en marzo volvió a tirar por tierra sus pretensiones y la condenó a abonar las costas generadas. Según la resolución a la que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal insiste en que el demandante se ha excedido al recurrir una simple “comunicación de carácter informativo [...] carente de cualquier contenido decisorio”, que “ni siquiera puede considerarse propiamente un acto de trámite no cualificado inserto en un procedimiento administrativo”.
La Fiscalía quiere que, en otro caso, se vaya más allá de la condena al pago de las costas de los grupos ultras. Así, el fiscal Manuel Campoy solicitó el 6 de febrero que se imponga una multa de 1.000 euros a una mujer, Marina Benayas, que consiguió que un juzgado parase las exhumaciones de forma urgente en diciembre —durante siete días—, alegando que esos trabajos afectaban supuestamente a la “sepultura” de su abuela y sosteniendo que se habían impulsado sin llevar a cabo los trámites previos. Una tesis que descartó después el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de la Audiencia Nacional al entrar en el fondo del asunto, cuando comprobó que la familiar de esta mujer, que se encuentra asesorada por Abogadas Cristianos, ni siquiera está enterrada en el lugar donde se desarrollan las labores de los técnicos.