El secretario general del PP madrileño se cita con González Amador en plena polémica
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se citó el miércoles por la noche con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha admitido ante la Fiscalía dos delitos de fraude fiscal que suman más de 350.000 euros, según adelantó la Cadena SER y confirmó luego el propio Serrano en una rueda de prensa. Aunque el partido conservador lleva semanas intentando reducir la polémica a un asunto que afecta a un particular y del que el PP o el Gobierno regional nada tienen que decir, el encuentro en un local del distrito madrileño de Barajas demuestra que altos cargos de la formación y del Ejecutivo conocen de primera mano lo ocurrido. Tanto es así que Serrano no le dio ninguna importancia a que un senador y diputado autonómico como él se cite con un empresario denunciado por la Fiscalía que ha admitido los delitos de los que se le acusa para así intentar alcanzar un acuerdo con el que reducir una hipotética condena. De hecho, ha dicho que volvería a reunirse con González Amador.
“Como EL PAÍS seguro que sabe, cuando uno negocia con la Agencia Tributaria, o con la Fiscalía, se parte de que hay que asumir esa presunta irregularidad, y si no hay acuerdo, uno no tiene por qué reconocerlo”, dijo Serrano sobre su cita con el empresario.
“Ese es el problema de esa filtración interesada por parte de la Fiscalía, que deriva partes de conversaciones entre particulares, que luego pueden dar lugar a esa interpretación que se hace”, siguió en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea regional. “Yo me tomo Coca-colas con muchas personas, y no sé si tienen problemas con Hacienda,
facturas pendientes o multas de tráfico”, sostuvo Serrano, que no aclaró si se intercambió documentos sobre el caso con González Amador.
Serrano añadió: “Estoy dando más explicaciones por una Coca-cola que las que ha dado el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] por una trama de corrupción que afecta a tres ministerios, dos presidentes socialistas de comunidades autónomas y a la presidenta del Congreso de los Diputados [Francina Armengol]”. Esa referencia al caso Koldo, la trama de comisiones ilegales para conseguir contratos de suministro de mascarillas con la Administración en lo peor de la pandemia, es una de las tres patas de la estrategia con la que el PP está respondiendo a la polémica que afecta a la pareja de la presidenta.
La segunda gira alrededor de la querella interpuesta por González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, al entender que incurrieron en delitos de revelación de secretos al enviar una nota informativa a los medios de comunicación sobre el caso de presunto fraude fiscal que le afecta. Y la tercera se centra en defender que este es un asunto privado de un particular, y que se emplea para destruir políticamente a Díaz Ayuso, puesto que no hay contratos con la Administración regional ni contratos públicos de por medio.
Sin embargo, altos cargos regionales se han implicado en el intento de controlar el daño político que está generando en la figura de la presidenta el caso que afecta a González Amador, que multiplicó por seis las ventas de su empresa en la pandemia gracias a intermediar entre vendedores y compradores de mascarillas y guantes.