España ha adjudicado 34.395 millones de euros de los fondos europeos
El Gobierno presenta la herramienta diseñada para hacer un mejor seguimiento y destaca que 13.000 millones han ido a pymes y autónomos
Ha sido un parto difícil. El Plan de Recuperación diseñado para gastar los fondos europeos ha costado numerosos esfuerzos. Había que diseñarlo y cumplir con muchos requisitos comunitarios. No podían dedicarse a infraestructuras como en épocas anteriores porque la dotación ya era importante. Había que destinarlo a transformar la economía, sobre todo a la transición ecológica y digital. Y eso implicaba usar al sector privado. Pero a la vez la Comisión Europea restringía las ayudas a empresas porque iban contra la competencia. Ha costado mucho ponerlo en marcha y relajar los límites a las ayudas de Estado. Pero, tres años más tarde, el plan se despliega a velocidad de crucero: al mes se están publicando unos 1.500 millones en convocatorias y adjudicando 1.100. De los cerca de 70.000 millones que se concedieron a España en una primera fase, el Gobierno señala que ha lanzado en convocatorias casi el 90% y que se ha adjudicado algo más de la mitad, exactamente 34.395 millones a fecha de ayer. “Probablemente seamos lo más avanzados de toda la UE”, señaló el director de la oficina económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha, en unas jornadas organizadas por KPMG, Santander, Iberdrola y OHLA. En estos datos no están incluidos los 10.000 millones en subvenciones adicionales y los 80.000 millones en préstamos que se suscribieron con la adenda al plan.
Y ahora que se ha avanzado en la ejecución, ha llegado el momento de poner a disposición del público una herramienta para hacer un seguimiento de los datos, bautizada Elisa. Hasta ahora la información era pública. Pero la mayoría se ofrecía en la plataforma de contratación y la base de datos de subvenciones, que no permitían un análisis detallado a menos que se hiciese con complejos algoritmos informáticos. Ahora se podrá obtener información sobre la regionalización de las inversiones y el tipo y tamaño de empresa. Se actualizará mensualmente y se podrán obtener las cifras día a día. Sus microdatos serán compartidos con investigadores. Se recogen además fichas sobre las comunidades en las que se identifican proyectos emblemáticos y empresas con nombres y apellidos.
“Elisa desmitifica que los fondos solo llegan a las grandes empresas”, explicaron fuentes gubernamentales. De esos 34.000 millones resueltos, el 38% han sido para pymes y autónomos. Es decir, 13.103 millones, de los que un tercio han sido consignados para la modernización del tejido industrial. En este apartado se incluye el kit digital, un bono que supone un 10% de lo adjudicado a pymes y autónomos. Los hogares se han llevado el 3% de los fondos, unos 1.000 millones en subvenciones a la rehabilitación energética, las placas solares y el coche eléctrico.
Otro elemento que se puede identificar en Elisa son algunos cuellos de botella que sufren las comunidades a la hora de adjudicar sus recursos. Por ejemplo, van rápido País Vasco y Galicia, con más de un 65% resuelto del total de convocatorias lanzadas. La media está en el 51%. En cambio, Madrid y Cantabria están en el 40%. Y Cataluña, en el 33%. Por alguna razón, estas últimas experimentan dificultades. Las corporaciones locales van a un ritmo de casi el 40%.
La herramienta Elisa proporciona el impacto por comunidades de las adjudicaciones. Esto es: el destino al que va la inversión, ya sea adjudicado por la Administración central, el Gobierno autonómico o la entidad local. La Comunidad de Madrid es donde más dinero ha caído: 5.701 millones, en parte porque se incluyen, por efecto capitalidad, más proyectos de la Administración central. Le siguen Cataluña, con 4.949 millones; Andalucía, 3.753 millones, y Valencia, 3.673 millones. A juicio del Gobierno, los datos muestran que los recursos están repartidos y llegan a todas las autonomías.
En las estadísticas no se puede ver cuánto se dedica al sector público porque en su mayor parte estas administraciones, a su vez, lo licitan a una empresa y, por lo tanto, no suelen ser adjudicatarios finales. Algunos representantes de empresas que participaron ayer en las jornadas criticaron la burocracia y que se tarda en cobrar una vez adjudicados. Una encuesta de KPMG publicada ayer apunta que un 77% de las compañías ven como el principal problema una carga burocrática excesiva.
Ante estas reflexiones, el Gobierno destaca que con la adjudicación la empresa ya tiene la garantía de que se va a pagar: en algunos casos se abonan según se van ejecutando, y en otros incluso se anticipa el dinero. En todo caso, la empresa puede pedir financiación, dicen fuentes gubernamentales.
“Probablemente seamos los más avanzados de la UE”, afirma De la Rocha
Con un 65% resuelto de las convocatorias lanzadas, País Vasco y Galicia van a la cabeza