Un millar de inspecciones
El Ministerio para la Transición Ecológica mostró ayer su “preocupación” por la denuncia de Bruselas, aunque reconoció que era algo “esperado”. Este departamento sostuvo que el pasado año se realizaron un millar de inspecciones en la zona y que se abrieron 328 actas de denuncia por asuntos relacionados con el mal uso del agua.
El ministerio recordó que la próxima declaración del acuífero en situación de “riesgo” permitirá un mayor control sobre esta masa de agua. Además, espera poner en marcha medidas adicionales con la colaboración del resto de Administraciones.
rojos. Todas las Administraciones (local, regional y central) tienen competencias en este asunto, pero no ha sido hasta los últimos años cuando se han empezado a aplicar cierres sistemáticos de captaciones ilegales, que han desencadenado algunos enfrentamientos con agricultores. El uso incontrolado de estos recursos ha hecho ya que varias cadenas de distribución europeas hayan empezado a rechazar los productos procedentes de esta comarca por los daños medioambientales.
Felipe Fuentelasaz, que trabaja sobre el terreno en Doñana para WWF, no cree que la situación haya mejorado a pesar de que la Junta aprobó en 2014, tras siete años de dilaciones, un plan de ordenación de la agricultura del área que rodea a Doñana. Ese plan incluía el cierre de pozos —según los últimos datos del Gobierno central en los dos últimos años se han clausurado 300— y la eliminación de cultivos ilegales. “No se ha eliminado ninguna hectárea ilegal”, advierte Fuentelasaz. En diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció el inicio de la tramitación para declarar la parte norte del acuífero —sobre la que están las captaciones ilegales— en riesgo. Esto permitirá, entre otras cosas, perseguir judicialmente a los ilegales de forma más eficaz.
Posibles sanciones
La Comisión señaló ayer que la denuncia se presenta ante la inacción de España. A 2014 se remonta la carta de advertencia enviada por Bruselas; y a 2016 el dictamen motivado con el ultimátum. Bruselas instó entonces a España a poner fin al deterioro de la zona, que alberga varios espacios de la red Natura 2000. Fuentes comunitarias explican que las sucesivas evaluaciones que la Comisión ha realizado han determinado que la zona seguía empeorando.
Pese a que Bruselas dio en 2016 a España dos meses para actuar, ha esperado tres años para llevar a las Administraciones a la Corte de Luxemburgo. Los últimos análisis realizados en la zona determinan que las medidas que se han adoptado, según estas fuentes, son “insuficientes”. Y su ejecución defectuosa. Fuentes comunitarias explican que España aún está a tiempo de resolver el asunto si adopta en breve medidas que garanticen que puede enderezar la situación. Si no lo hace, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia no solo que obligue a cumplir la directiva, sino también que imponga sanciones.