La CNMC dice que los precios del taxi y los VTC subirán por culpa del decreto del Gobierno
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó ayer un informe muy crítico sobre el decreto ley del Ministerio de Fomento por el que se transfirió en septiembre a las comunidades autónomas la competencia sobre la regulación de
El decreto ley que sacó el Gobierno en septiembre permite a las comunidades autónomas hacer normativas relacionadas con las VTC y además implica que esos coches necesitarán, cuando termine el periodo transitorio de cuatro años, una segunda licencia municipal para que puedan ofrecer recorridos urbanos. La CNMC advierte de que los problemas llegarán a medida que las comunidades autónomas vayan legislando e imponiendo limitaciones. Unas restricciones que, según este organismo, “no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, dentro de los cuales no pueden los vehículos de transporte concertado (VTC). Según el supervisor, esa regulación contiene restricciones que “perjudican innecesariamente” a los usuarios, y se traducirá “en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad” tanto en el taxi como en los VTC que usan empresas como Uber o Cabify.
incluirse motivaciones de tipo económico”.
En esta ocasión, la entidad supervisora no anuncia un recurso ante los tribunales a diferencia de lo ocurrido con anteriores decretos del Ministerio de Fomento que fueron recurridos ante el Tribunal Supremo, como el del pasado mes de mayo.
Normas autonómicas
La CNMC advierte de que el decreto ley, convalidado en el Congreso en octubre, puede todavía modificarse, ya que se está tramitando como proyecto de ley en la Cámara baja.
El organismo dirigido por José María Marín Quemada recomienda
adoptar un “enfoque global” de la actividad de transporte en vehículos de turismo en general, para que la regulación que afecta tanto a taxis como a VTC respete los principios de buena regulación económica. En su informe, efectúa una serie de recomendaciones concretas, dirigidas tanto a las Cámaras legislativas como a comunidades autónomas y entidades locales, para mitigar el potencial impacto negativo sobre la competencia del decreto.
Unas recomendaciones que se quedarán en papel mojado si las comunidades autónomas, bajo la presión en las calles de los taxistas, siguen la senda de la Generalitat de Catalunya, que ha anunciando una normativa que impone normas tan restrictivas como la precontratación con al menos 15 minutos de antelación de los servicios de Uber y Cabify, lo que, en la práctica, supone sacar del mercado a estos vehículos.
Entre las medidas propuestas por la CNMC, figura la de que las autonomías desarrollen una normativa que permita que se sigan prestando servicios VTC urbanos en el futuro y evitar “discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento”. Es decir, justo en la línea contraria de la legislación que prepara Cataluña.
El supervisor también sugiere flexibilizar la regulación del taxi y eliminar las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio, así como revisar el número de licencias tanto de taxis como de VTC y permitir que estos últimos puedan prestar su servicio más allá de su comunidad autónoma. La CNMC también sostiene que es “poco coherente” que el número de licencias de taxis no solo no haya aumentado, sino que se ha reducido en los últimos 25 años en España pese al aumento de la población, la renta o el turismo.