La legitimidad de competir fiscalmente
El debate entre legalidad y ética sobrevuela la escena. Los países bajo la lupa suelen esgrimir su derecho a competir en el plano fiscal. Y no quieren ni oír hablar de armonización. “Cada país debe ser libre para fijar los impuestos según sus prioridades nacionales”, defiende un portavoz del Ministerio de Finanzas luxemburgués. “La competencia es sana en cualquier ámbito. Y es legítima. Armonizar las reglas seguramente aumentaría la fiscalidad. Y no tiene por qué ser lo más apropiado”, opina Nicolas Mackel, de Luxembourg for Finance.
Mientras sea necesaria la unanimidad para fijar un terreno de juego impositivo común, nada hace pensar que la armonización pueda salir adelante. “Europa es una suma de egoísmos nacionales. Competimos unos contra otros”, lamenta Jean Arthuis, eurodiputado de En Marche, el movimiento de Emmanuel Macron.
El Ministerio de Finanzas luxemburgués niega que su país sea un paraíso fiscal. Las listas internacionales le dan la razón. Ni la OCDE ni la UE lo incluyen en sus clasificaciones. Pero los criterios para la elaboración de esta última están en entredicho. Su puesta en marcha fue una demanda de la comisión temporal sobre blanqueo de capitales y evasión y fraude fiscales del Parlamento Europeo, institución que ha financiado este viaje. La UE creó la lista en 2017 para que la publicidad negativa de aparecer en ella llevase a sus miembros a cambiar su trato privilegiado a las empresas, pero el resultado final no convence. Su credibilidad ha ido menguando conforme quedaba reducida a la mínima expresión. Solo Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes aparecen en la lista negra.
Ventajas ilegales
Numerosos eurodiputados han mostrado su malestar por la falta de criterios claros para integrarla. “Debería incluir países europeos, hay amplias evidencias de que hay inversión extranjera fluyendo hacia países pequeños como Irlanda o Luxemburgo sin relación con su actividad real”, alerta el eurodiputado socialdemócrata holandés Paul Tang. “El proceso de selección debería ser aplicado a todos por igual, incluidos los Estados de la UE”, coincide Ernest Urtasun, de Los Verdes. Ante sus carencias, expertos de Intermon Oxfam crearon su propia clasiifcación sin exclusiones. Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Chipre fueron los cuatro países de la UE que señaló la ONG.
Mientras, en la avenida Franklin D. Roosevelt, a las afueras de la capital luxemburguesa, un nuevo edificio acristalado se ha unido a otros mastodontes similares. Es la sede de Amazon Europa. La compañía fue obligada por Bruselas en 2017 a devolver a Luxemburgo 282 millones de euros en impuestos impagados por beneficiarse de ventajas ilegales. El Gobierno recurrió y el dinero permanece aparcado en una cuenta a la espera de que la justicia europea se pronuncie. La mudanza se ha realizado recientemente, y aunque los pasillos aparecen poco concurridos, 2.000 trabajadores desarrollan su labor en las cinco sedes de Luxemburgo, según la compañía. Ninguno mueve paquetes de acá para allá. Son responsables de software, recursos humanos, abogados o directivos. ¿Por qué están aquí y no en París o Berlín, mercados más grandes? “En Luxemburgo hay un entorno multilingüe y muchos expertos. Y por supuesto, la estructura fiscal es un factor atractivo que Amazon tiene en cuenta como cualquier otra compañía”, reconocen fuentes de la empresa.