Público y privado
El debate clásico ponía en conflicto la producción pública o privada de bienes o servicios. Desde que los españoles votamos nuestra Constitución se ha desarrollado exponencialmente la colaboración público-privada, especialmente en las ciudades. El Estado regula, licita la concesión y controla que se cumplan los objetivos de servicio público. Y el sector privado se encarga de gestionar el servicio, creando miles de empleos.
En los países más desarrollados las instituciones son más sólidas, las concesiones son más transparentes y se consigue que las empresas concesionarias cumplan más eficientemente con los objetivos sociales fijados por los Gobiernos.
En España, la depresión económica que comenzó en 2008 nos empobreció y resucitó el debate de la renacionalización de concesiones privadas. La principal abanderada de este movimiento ha sido Ada Colau en Barcelona y su mayor obsesión es recuperar la gestión del agua. Barcelona es un ejemplo mundial de gestión eficiente del ciclo urbano del agua que opera en los cinco continentes y que copió Fidel Castro en la ciudad de La Habana.
Por esta razón es emotivo ver a la alcaldesa de Barcelona defender ahora a los taxistas, que es un modelo público-privado similar al del agua. La activista antiglobalización Colau sigue siendo más influyente que la alcaldesa Colau y alega que Cabify y Uber son multinacionales. Pero varias multinacionales del Silicon Valley se han instalado en Barcelona, han creado cientos de empleos y la alcaldesa lo ha permitido.
Sorprende que ahora ponga limitaciones a la operativa de los VTC que han creado miles de empleos, buena parte de ellos, mayores de 50 años condenados a la pobreza, que han tenido una oportunidad que los taxistas y el resto de empresas les negaban. Sorprende aún más que la alcaldesa diga que es de izquierdas y vaya a mandar a esos miles de conductores al paro en un país que tiene 3,3 millones de desempleados.
Lo que haría un buen gobernante, como por ejemplo Antonio Costa en Portugal, es asumir que las licencias de VTC son legales, como ha afirmado el Tribunal Supremo. Que han mejorado significativamente la vida de los ciudadanos y la calidad del servicio público. Y, al mismo tiempo, sin taxis habría un duopolio, los precios subirían y el servicio público sería peor. Las dos partes deben ceder para alcanzar un acuerdo. Y si no son capaces habrá que llegar a un arbitraje con el apoyo de los Gobiernos y que el laudo sea aceptado por las partes.
Así se resuelven los conflictos laborales, aunque normalmente las huelgas las convocan los sindicatos y los taxistas han hecho un paro patronal salvaje colapsando Madrid y Barcelona. El problema es que el Gobierno del PP fue incapaz de resolver el conflicto; el Gobierno de Sánchez se ha lavado las manos; Pablo Iglesias no da una solución para los miles de trabajadores de los VTC; Albert Rivera critica a todos pero no dice qué piensa hacer su partido en Andalucía, y a Santiago Abascal no se le conoce propuesta alguna sobre el tema.