El Parlamento se niega a votar por tercera vez el plan del Brexit de May

Theresa May pensaba que el Brexit era un juego de resistencia en el que debía torcer la voluntad de los euroescépticos, y no entendió que también era un pulso constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la Cámara, John Bercow, echó ayer mano de precedentes con siglos de antigüedad para advertir al Gobierno de que no le permitiría presentar por tercera vez su plan, rechazado ya en dos ocasiones, si no introducía “cambios sustanciales” en el texto.

El nuevo golpe a la estrategia de desgaste de May llegó de donde menos se esperaba. A primera hora de la tarde, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien se ha convertido en la bestia negra del Gobierno británico, anunció su resolución. Respondía a la queja de algunos diputados por la insistencia de la primera ministra en volver a presentar un plan del Brexit que había sido ya rechazado en dos ocasiones por el Parlamento. Bercow, con ayuda de los letrados de la Cámara, buceó en el Erskine May, un manual de usos y procedimientos parlamentarios venerado en Westminster (escrito en 1844 por el abogado, diputado y constitucionalista del mismo nombre). Y encontró la respuesta. Una convención parlamentaria que se remonta a principios del siglo XVII, empleada en no menos de 12 ocasiones —la última en 1912— establece que un mismo asunto “no puede ser introducido por segunda vez en un mismo periodo de sesiones”.

Bercow se explayó en detallar las razones jurídicas de una decisión que, a ojos del Gobierno británico, es una carga de profundidad con clara finalidad política. “Una de las razones por las que una norma así ha perdurado durante tanto tiempo es porque resulta necesaria para ser respetuosos con el tiempo que la Cámara destina a trabajar y para otorgar también el debido respeto a las decisiones que adopta”, explicó el speaker.

Bercow, procedente de las filas conservadoras, elegido hace casi 10 años por los laboristas y que, en su afán por reforzar la importancia del Legislativo, no ha dejado de poner en aprietos al Gobierno con sus decisiones, apuró al máximo el uso de su autoridad, a sabiendas de que la polémica estaba servida.

En primer lugar, porque los mismos argumentos de su decisión podrían haber sido válidos para impedir la segunda votación del plan de May, que volvió a ser rechazado estrepitosamente el pasado 12 de marzo. Los detractores del texto consideraron entonces que las garantías legales que la primera ministra había obtenido de Bruselas sobre el llamado backstop, la salvaguarda para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, no eran más que un mero maquillaje que no cambiaba el fondo del asunto y que ni siquiera había modificado la literalidad del acuerdo de retirada de la UE.

Bercow respondió ayer preventivamente a esa crítica con la justificación de que la nueva moción, según el Ejecutivo, sí incorporaba cambios sustanciales. “Si el Gobierno somete de nuevo a votación en esta Cámara un texto que no sea el mismo que presentó a debate el pasado 10 de marzo, literal o sustancialmente, será aceptado a trámite”, ofreció el presidente para justificar su decisión. Pero a preguntas de algunos de los diputados presentes en el Parlamento, Bercow indicó