Podemos propone que la gestión del agua sea pública en una legislatura
Podemos quiere que toda la gestión del agua en España sea “completamente pública” en el plazo de una legislatura. Con esta medida el partido de Pablo Iglesias refuerza el plan Horizonte Verde que presentó el pasado lunes y vuelve a teñir de verde su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril en busca del voto ecologista vinculado a los electores más jóvenes.
“El agua es un derecho humano y no un negocio”, resumió ayer Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. “El cambio climático nos lleva a fenómenos de sequías más extremas”, ahondó, “además, existe una ofensiva en marcha de los fondos buitres para hacer negocio con nuestra salud y futuro”.
El partido usa como ejemplo la gestión pública del agua que hace el Ayuntamiento de Valladolid en manos del socialista Óscar Puentes. La ciudad forma parte del 43% de la población española que se abastece a través de empresas públicas, según el estudio de 2018 de la Asociación española de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos. El 33% de los ciudadanos lo hacen por empresas privadas, el 13% por empresas mixtas y el 7% directamente de las propias corporaciones locales, describe este mismo análisis.
Fin de las concesiones
Para tratar de revertir estas cifras, Podemos propone derogar los derechos de concesiones de agua que significan “la mercantilización de la compraventa por la puerta de atrás”, en palabras del dirigente. “Hacer embalses más grandes e infraestructuras más caras solo beneficia a los fondos buitres y a las grandes constructoras que hacen negocio con esto”, acompañaron desde el partido.
Además, Podemos quiere recuperar los saltos hidráulicos para el Estado una vez caduquen sus concesiones a empresas privadas. “Ahora al caducar se vuelve a poner en manos del sector privado. Proponemos que automáticamente, cuando caduque, se recupere para el Estado”, defendió Echenique. La misma medida se aplicará para las centrales hidroeléctricas. “Es especialmente importante para los territorios que asumieron las consecuencias de su construcción”, justificó.
“Casos como Lezo o Acuamed demuestran que la privatización del agua ha generado corrupción y peores servicios para la ciudadanía”, remachó Echenique. Por el momento, el partido no detalla cómo afectarían estas medidas a las empresas privadas ni la inversión que supondrá para el Estado.