Un excargo de Hacienda y 24 guardias civiles
El juicio del procés se reanuda hoy con la declaración de Felipe Martínez Rico, que fue mano derecha de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. La Fiscalía solicitó su comparecencia para acreditar el delito de malversación de fondos públicos que atribuye a los miembros del Govern procesados. Su declaración estaba prevista para la semana pasada, pero la del major de los Mossos Josep Lluís Trapero obligó a posponerla. Después, y hasta el jueves, desfilarán por el Tribunal Supremo un total de 24 guardias civiles que analizaron correos electrónicos de los dirigentes independentistas y que participaron en diversos registros en septiembre de 2017, aunque no en los del Departamento de Economía. policial. El uso de la fuerza es “legítimo”, recuerda Miralles en sus autos, si hay “justificación” y es “proporcional”. Bajo ese supuesto, una juez de Manresa (Barcelona) archivó ayer la denuncia de 19 ciudadanos lesionados en un colegio de Castellgalí. No hubo “exceso policial” sino el uso de la “mínima fuerza imprescindible”, dice el auto, que critica la resistencia “activa” de los 200 ciudadanos reunidos allí.
“Patente de corso”
La Audiencia de Barcelona ha fijado criterios. Hay que analizar “en cada caso” si el uso de la fuerza estaba “amparado” por el TSJC o fue “desproporcionado e innecesario”. “No podemos otorgar patente de corso para cualquier acción de violencia”, dicen los magistrados, que dan por hecha la “desmesurada violencia” en algunos colegios electorales. Otro auto de la Audiencia de Barcelona (distinta sección) va más allá y critica que la Guardia Civil empleara la fuerza —habla de un instituto de Sant Joan de Vilatorrada, con 14 heridos leves— ante un referéndum que no tenía “ninguna consecuencia jurídica”. Además, hubo “excesos” en el uso de las porras contra los ciudadanos, concluye.
Aún es pronto, pero el balance provisional sonríe a los cuerpos de seguridad. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, afirmó que se han archivado “más de 100 casos” y que no hay “ninguna condena”. “La actuación fue ejemplar”, zanjó Millo. Los procesos están vivos, pero es cierto que por ahora no hay sentencias condenatorias y sí dos absoluciones: la primera, en Lleida, donde la juez no dio credibilidad al denunciante.
Los jueces dan carpetazo a los asuntos, a veces sin una mínima investigación y otras al entender que actuaban bajo el paraguas de una orden judicial. Y, aun cuando sospechan que hubo lesiones leves, hay magistrados que archivan los casos por falta de autor conocido, o bien porque no hay imágenes. Pero a veces se ven obligados a rectificar. La Audiencia de Tarragona ordenó a un juez que, al menos, se dignase a tomar declaración al vecino del Sarral (1.500 habitantes) que denunció haber sido lesionado el 1-O.