Exceso o mesura: juicio a los policías del 1-O

El juicio del procés parece una muñeca rusa donde caben otros juicios: a altos cargos del Govern (por preparar el referéndum), a los Mossos (por no evitarlo) y a las fuerzas del Estado (por las cargas para impedir la votación). Las denuncias contra agentes de Policía y Guardia Civil por su papel el 1-O se ventilan en decenas de juzgados catalanes. Aunque las respuestas son dispares, parten de una premisa: la orden judicial avala a los antidisturbios si actúan con proporcionalidad, pero no da carta blanca a los excesos.

Dos realidades paralelas emergen en el Tribunal Supremo a propósito de la violencia. La Fiscalía sostiene que los agentes debieron usar la “mínima fuerza” ante la resistencia “activa” de los ciudadanos. Los acusados replican que la “represión” fue brutal ante una resistencia que, como mucho, fue “pasiva”. “Ni olvido ni perdón”, claman los independentistas.

Ante la avalancha de denuncias, la justicia está actuando de forma dispar. Algo razonable porque el juez tiene libertad de criterio y porque cada actuación es distinta: no es lo mismo el lanzamiento de una pelota de goma que dejó sin ojo a Roger Español (escuela Ramon Llull) que el empujón, para abrir paso, a una mujer que acabó golpeándose con el marco de la puerta de forma fortuita (instituto Víctor Català). Esos dos episodios ocurrieron en Barcelona y los ha ventilado el mismo juez: Francisco Miralles, titular del juzgado número 7, que mantiene investigados a 24 agentes y mandos de la Policía por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Lo recuerdan las defensas en el Supremo, donde lograron exhibir vídeos del 1-O hasta que Manuel Marchena lo impidió y dejó las ocho horas de grabación para la fase documental. Así como investiga cuando hay excesos, el mismo juez se frena cuando no los ve: así ha archivado ya medio centenar de denuncias.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (27 de septiembre de 2017) de impedir el referéndum avala, a priori, la actuación