La ruta de la lidia: del ruedo al banquillo
Más allá del Toro de Vega, la propia lidia lleva varios años saltando del ruedo a los tribunales en sintonía con la creciente sensibilidad animalista en España y en otros países. Recientemente, además, se ha convertido en uno de los argumentos tradicionalistas de Vox y el PP. El Gobierno del PP declaró los toros “patrimonio cultural inmaterial” mediante dos leyes, en 2013 y 2015. Estas son las últimas decisiones judiciales.
El pasado diciembre, el Constitucional anuló varios artículos de la ley balear de toros de 2017 por la que el Parlamento de las islas prohibía la muerte del animal en la plaza. La sentencia reinstauró las corridas tradicionales y subrayó que esa ley “perturba” la competencia estatal sobre ese patrimonio cultural inmaterial.
En 2016, el Constitucional había anulado también la ley catalana que prohibió en 2010 las corridas de toros, aunque la alcaldesa, Ada Colau, proclamó que Barcelona seguiría siendo territorio libre de toros. El Ayuntamiento barcelonés se había proclamado antitaurino en 2004, prohibiendo también los correbous, que siguen vigentes en pueblos de Cataluña.
Un juzgado de Alicante anuló el pasado enero la decisión del Ayuntamiento de Villena por la que rechazó en 2017 una corrida de toros.