El juez encarcela a Turull y procesa por rebelión a la cúpula secesionista
El juez Pablo Llarena encarceló ayer a los procesados por rebelión a los que había convocado a una vistilla para revisar sus medidas cautelares, entre ellos, el último candidato
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell y Dolors Bassa llegaron ayer alrededor de las 10.00 al Tribunal Supremo sabiendo que Llarena les iba a procesar por uno o varios delitos y que había un riesgo cierto de que les enviara a prisión. La fuga de su compañera Marta Rovira, que como ellos estaba convocada para comparecer ante el juez en una vistilla de medidas cautelares, acrecentó este temor y los pronósticos se confirmaron hacia las 18.00, cuando Llarena les comunicó que les enviaba a prisión incondicional sin fianza. La decisión del juez coincide con la petición que formularon las tres acusaciones (la fiscalía, Vox y la Abogacía del Estado).
Antes de enviarles a prisión, Llarena les había procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, y a todos menos a Forcadell les atribuyó también malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años. Los cinco encarcelados estuvieron ya en prisión preventiva al inicio de la instrucción (en el caso de Forcadell, solo unas horas, y los otros cuatro, un mes y tres días), pero el juez les dejó en libertad condicional bajo fianza con la advertencia de que si volvían a delinquir o llevaban a cabo alguna actuación encaminada a conseguir la independencia por la vía unilateral, les volvería a enviar a prisión.
Llarena no había revisado hasta a presidente de la Generalitat, Jordi Turull. Llarena cree que hay un riesgo elevado de que tanto Turull como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa
ahora estas medidas, pero considera que con el auto de procesamiento notificado ayer la causa entra en una nueva fase que incrementa el riesgo de fuga porque los procesados saben ya que se le atribuyen con pruebas delitos muy graves. Además, en sus últimos autos, tanto el instructor como la Sala de Apelaciones han considerado que la situación política generada tras las elecciones del 21-D incrementan el riesgo de reiteración delictiva, otro factor que ha resultado determinante para descartar que sigan en libertad. reincidan en sus delitos o se fuguen de la justicia. Este peligro se acentúa, según el instructor, por la decisión de la secretaria general de ERC de huir de España y no comparecer este viernes ante el Supremo.
Llarena argumentó su decisión en un auto de 10 páginas en el que recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es que “a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida”. “Una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este tribunal”, afirma el juez en referencia a Rovira.
Durante la vistilla, los cinco procesados alegaron que no se les puede juzgar por lo que hayan hecho otros de los investigados y que ellos han comparecido
cada vez que han sido llamados. Llarena admite esta diferencia, pero sostiene que es “imposible” saber cuál es la “voluntad interna” de los procesados, por lo que él debe hacer un pronóstico “y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa”. “Lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que
responsabilidades civiles” que tendría que satisfacer. La Fiscalía Superior de Cataluña es competente para investigarle porque Turull ostentaba la condición de diputado en la pasada legislatura y también en esta. El fiscal superior ordena abrir una investigación por alzamiento de bienes contra Turull y su mujer y ordena que se haga cargo de las diligencias el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio. Bañeres aclara que los indicios llegaron el pasado día 15 de la mano de la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, Anticorrupción “adjuntaba una documentación” sobre “un negocio jurídico de donación” celebrado por Turull el 8 de junio de 2017. En aquel proceso intervinieron tanto el diputado como su mujer. tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor. Ello aporta un primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias”, afirma el juez.
“Clara insurrección”
El instructor advierte también de que, aunque los cinco procesados a los que ahora ha enviado a prisión han acudido a cada llamada del juez, la investigación ha reflejado su “clara insurrección” a las decisiones judiciales, de las que se han desentendido “de manera contumaz y sistemática” durante los últimos años. Según Llarena, los procesados se han mostrado siempre convencidos de que estaban legitimados para no cumplir las órdenes de los jueces, igual que estaban seguros, o al menos así lo manifestaban públicamente y lo hicieron también ayer ante el juez, de que no han cometido ningún delito. De todo ello, el instructor infiere que no hay garantías de que, ahora sí, vayan a respetar las decisiones del juez, “ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”. “En realidad, el acatamiento de la decisión del tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas”, afirma Llarena citando de nuevo el caso de Rovira.
Además del peligro de fuga, el magistrado considera que había riesgo de reiteración delictiva en los cinco procesados a los que ayer envió a la cárcel porque todos siguen compartiendo la determinación de alcanzar la independencia de Cataluña y, hasta ahora, lo han intentado al margen de la ley. Este riesgo no decae en el caso de Forcadell y Bassa aunque hayan dejado el acta de diputadas porque esa renuncia, sostiene Llarena, “ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria”.
En el auto de prisión, el juez deniega ya también la presencia de Turull en el pleno de investidura previsto para hoy, así como la asistencia a los plenos de los otros tres diputados a los que ayer encarceló (además de Turull, Romeva y Rull). El instructor basa su decisión en los mismos argumentos que ha mantenido hasta ahora para rechazar la asistencia al Parlament de los otros parlamentarios que están encarcelados. “Aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar por que el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”, afirma el juez.