Una fuga que evita una multa
El único de los líderes independentistas fugados de la justicia que evitará la orden de detención internacional será la exportavoz de la CUP Anna Gabriel. Esta decidió escapar a Suiza, el 20 de febrero, cuando tenía que declarar ante el juez Llarena. La exdirigente antisistema se instaló en Ginebra.
El magistrado no cursará la orden de arresto ante las autoridades helvéticas porque solamente le atribuye un delito de desobediencia por presentar, pese a la prohibición del Constitucional, la proposición de ley de transitoriedad jurídica, la norma de ruptura de Cataluña con España. Este delito se castiga solo con multa, por lo que no cabe el ingreso en prisión. Si vuelve a España, no obstante, será detenida para comparecer ante el juez. de que no tiene intención de entregar a los consejeros fugados allí. Pese a que las leyes helvéticas castigan con prisión las sediciones y los intentos de secesión violentos, obligan a denegar la extradición de supuestos delincuentes si el procedimiento de entrega se activa por “un acto que, según las concepciones suizas, reviste un carácter político preponderante”. Sobre el carácter político de la infracción decide el Tribunal Penal Federal, la máxima instancia judicial de la Confederación.
Resto de imputados
Pese a esta negativa de partida, el magistrado Llarena ha decidido cursar la orden de detención en Suiza contra Marta Rovira, que ayer faltó a su citación para que se le notificara el auto de procesamiento. Con ello evitó la entrada en prisión que afectó a sus compañeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell.
El 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista que se encontraban con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos si entraban en España. El magistrado consideró que se debían retirar las órdenes europeas que emitió la Audiencia Nacional porque podrían condicionar la evolución de la investigación y porque solo podrían ser juzgados por los delitos reconocidos por el código penal belga, circunstancia injusta en relación con el resto de imputados en España, que no contarían con esa limitación. El Supremo investiga a los cinco diputados huidos en Bélgica por formar parte de la dirección del proceso secesionista en Cataluña que terminó con la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre.
El artículo 40.1 de la ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea contempla que “cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega”.
también apunta a Rovira por su “responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación”. En este sentido, Rovira habría sido una pieza clave para alinear a los alcaldes de muchos municipios catalanes para que pusieran locales a disposición del referéndum ilegal.
Con su huida, ya son siete los fugados del procés. Los exiliados en Bruselas son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el exconsejero de Salud, Toni Comín; el extitular de Cultura, Lluis Puig y la antigua exresponsable de Agricultura, Meritxell Serret. Una quinta exconsejera, Clara Ponsatí, se trasladó de Bélgica a Escocia. El pasado mes de febrero Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, optó por Suiza para eludir la acción de la justicia.