“Destruyan el correo acumulado”
El 23 de abril de 2015 Ramiro Cid remitió al UBP una carta en el que le anunciaba el cierre de las cuentas y el trasvase de los fondos a Isla Mauricio, finalmente, materializado dos meses después. En ella, el empresario pedía expresamente que se destruyera “el correo acumulado”. Un mes después de la misiva, su gestora en la entidad recogía en una nota interna que el empresario le había negado tener amistad con Granados.
El banco ha admitido ahora que puso bajo sospecha a Cid tres meses después de estallar el caso, pero que levantó las cautelas al considerar que solo había sido “interrogado” por la policía, pero que fue encarcelado. También lo alegó que en sus cuentas no detectaron movimientos sospechosos.
En la comisión rogatoria, el juez español citaba a los bancos UBP y Lloyds como posible refugio del dinero, aunque también apuntaba la posibilidad de que los fondos hubieran sido transferidos a Isla Mauricio, un país considerado opaco por la Unión Europea. La documentación remitida ahora por Mónaco —y que ocupa tres tomos del sumario— ha confirmado las sospechas.
En dólares y euros
Según esos documentos, el padre de Ramiro Cid contaba con cuentas en entidades monegascas desde hacía diez años y en el Lloyds Bank desde noviembre de 2013. En abril de 2014, solo seis meses antes de que se produjeran las primeras detenciones de la Operación Púnica, el constructor transfirió los fondos desde este banco al UBP. En total, algo más de tres millones de euros, repartidos en la moneda europea y dólares. Se ingresaron en una cuenta a su nombre y otra al de la empresa pantalla de las Islas Vírgenes.
Los documentos internos del banco revelan que, poco después del arresto del político y su propia imputación, el constructor anunció a los gestores de la entidad que iba a transferir los fondos a otro país “menos accesible” por motivos fiscales. Sin embargo, no sería hasta abril de 2015 cuando confirmase por escrito la orden para que se enviasen el saldo al Commercial Bank of Mauritius. La orden se ejecutó en julio, momento en el que las cuentas monegascas —que nunca fueron declaradas a la Hacienda española— quedaron cerradas.