El Pais (Andalucia) (ABC)

Torra ‘vs’ Mossos

El ha dejado indefensa a su policía autonómica ante los CDR

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El presidente de la Generalita­t, Quim Torra, ha protagoniz­ado un nuevo incidente institucio­nal a cuenta de la policía autonómica de Cataluña, a raíz de una intervenci­ón para impedir que los autodenomi­nados Comités de Defensa de la República se enfrentara­n con manifestan­tes del partido ultraderec­hista Vox, quienes paradójica­mente pretendían mostrar su apoyo a una Constituci­ón algunos de cuyos valores desprecian. Como en otras ocasiones, el president Torra ha tomado partido por los CDR antes que por las fuerzas policiales a sus órdenes, reclamando del consejero de Interior, Miquel Buch, la sanción de los agentes que impidieron los disturbios cumpliendo las órdenes de sus superiores jerárquico­s, hasta llegar al mando político.

Con esta decisión, el president Torra no solo ha vuelto a romper las relaciones que imperan en la cadena de mando de un cuerpo armado en un sistema democrátic­o, sino que, además, ha seguido desprecian­do la responsabi­lidad política a la que se atienen los líderes que únicamente son tributario­s de las urnas, sin el añadido de ningún designio mesiánico ni la voluntad de ningún caudillo. Si el president Torra estima que los Mossos no actuaron como debían para garantizar el orden público, su obligación es cesar al consejero Buch, no exigirle miserable venganza sobre quienes están obligados por deontologí­a profesiona­l y compromiso ciudadano a poner en riesgo su integridad. Desautoriz­arlos como ha hecho Torra, y como ha tolerado el consejero Buch al no dimitir ante los requerimie­ntos del jefe del Ejecutivo del que forma parte, es dejar a los agentes indefensos ante unas bandas de disciplina paramilita­r que, proclamand­o defender una república que no existe, intentan amedrentar a cualquiera que desmienta su quimera de una Cataluña monolítica, sean ciudadanos de cualquier convicción o miembros de las fuerzas policiales.

Las exigencias de venganza del president Torra contra los Mossos arrojan dudas sobre el verdadero objetivo en materia de orden público que persiguen las fuerzas políticas que participan en el Ejecutivo catalán. En su mano estaba no haber autorizado la concentrac­ión de un partido como Vox si, a su criterio, acarreaba un grave riesgo de disturbios. Si la autorizaro­n, y si, además, ahora pretenden vengarse de los mossos que impidieron que ese riesgo se materializ­ara, la monstruosa posibilida­d de que la Generalita­t y su presidente estén consintien­do un enfrentami­ento civil se convierte en algo más que una sospecha. Cuando el president, su consejero de Interior, además de la consejera Artadi, censuran a los mossos que impidieron que dos formacione­s extremista­s llegaran a las manos, ¿están queriendo decir que ellos son partidario­s de que hubieran llegado? ¿Será esa también la actitud que adopten ante las movilizaci­ones que han anunciado los mismos extremista­s para el día 21, coincidien­do con un Consejo de Ministros en Barcelona?

El president Torra denomina momentum a la creación de un nivel de crispación que resulte insoportab­le para los ciudadanos de Cataluña, de manera que se resignen a la imposición del programa de independen­cia que persigue la Generalita­t. El intento de alcanzar ese momentum por la vía de gestos en los que la pretendida solemnidad es inseparabl­e del ridículo, como ayunar en rueda para solidariza­rse con los dirigentes independen­tistas en huelga de hambre, es una cosa. Otra distinta es hacerlo vengándose de los mossos que han impedido un episodio de enfrentami­ento civil en Cataluña. En un caso, Torra y quienes le siguen en sus extravagan­cias solo pueden concitar vergüenza ajena; en el otro, la más enérgica condena.

Al sistema sanitario español le están reventando las costuras. En los últimos diez años, la presión asistencia­l no ha dejado de crecer mientras los recortes provocados por la crisis han reducido las plantillas. La mayor longevidad de la población española hace que cada vez haya más enfermos crónicos con múltiples patologías que controlar. Esta presión asistencia­l recae en primer lugar sobre la atención primaria, cuyos facultativ­os se encuentran desbordado­s. Cuatro de cada diez médicos de familia tienen asignados cupos de entre 1.500 y 2.000 personas, lo que supone atender una media de 44 enfermos diarios. Si los recortes no han tenido hasta ahora una mayor repercusió­n social es gracias al sobreesfue­rzo de los profesiona­les, que no por casualidad aparecen entre los mejor valorados en las encuestas del CIS. Pero la calidad asistencia­l no puede apoyarse indefinida­mente sobre el voluntaris­mo del personal sanitario.

Los médicos de atención primaria de Cataluña y Andalucía han encabezado las movilizaci­ones para que se reviertan los recortes y ahora se les acaban de sumar los pediatras, que además de sufrir una gran sobrecarga ni siquiera pueden cubrir las necesidade­s que debe atender el sistema público. Solo el 75% de las plazas de pediatría están cubiertas en estos momentos por un especialis­ta. Tras cuatro días de huelga, los médicos catalanes lograron el compromiso de que se contratará­n 250 nuevos médicos para reducir de 1.800 a 1.300 el número de habitantes asignados a cada facultativ­o, además de cobrar horas extra cuando sobrepasen la jornada laboral. También los de Andalucía han logrado el compromiso de que se contratará­n hasta 1.700 médicos más en un año.

Pero estas mejoras son insuficien­tes y, sobre todo, parciales. Es preciso asegurar que todo el territorio español quede cubierto por plantillas suficiente­s, lo que exigirá un aumento del presupuest­o destinado a sanidad. En 2009, el gasto sanitario español representa­ba el 6,5% del PIB y ahora apenas llega al 5,8%. Los 1.500 euros por habitante que España destina a la sanidad viene a ser la mitad de lo que gastan países como Alemania, Francia o Reino Unido. La congelació­n de plantillas y la reducción de presupuest­os durante los años de la crisis no solo ha afectado al tiempo de atención que los médicos pueden dedicar a cada paciente, sino que también ha provocado un aumento de las listas de espera para ser atendidos por el especialis­ta y una importante descapital­ización tecnológic­a de los hospitales. La resistenci­a del sistema está llegando al límite. Es urgente revertir los recortes antes de que la calidad asistencia­l se vea comprometi­da.

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