Los sacerdotes acusados de abusos que la Iglesia envió a las misiones
Fuentes vaticanas de los organismos de Tutela de Menores confirman el patrón
La Iglesia española no solo ha utilizado el sistema de cambiar a sacerdotes de parroquia, o destino dentro de una orden, tras ser acusados de abusos de menores. Otro patrón de conducta de las últimas décadas ha sido trasladarlos al extranjero. Así lo confirman fuentes de los organismos vaticanos de Tutela de Menores, que reconocen que ha sido una táctica común en España y otros países. EL PAÍS ha documentado hasta 18 casos de curas denunciados o condenados por abusos que han recalado en otros países o han sido acusados o detenidos en el extranjero. En Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, Benín y Kenia.
Algunos fueron noticia en su día, pero no se siguieron sus pasos posteriores. Otros pasaron inadvertidos en España. También hay casos inéditos, a raíz de acusaciones de víctimas localizadas por este periódico, como dos salesianos del colegio de Deusto, en Bilbao. EL PAÍS relatará los principales casos en los próximos días.
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de Jordi Ignasi Senabre, denunciado por un monaguillo de 13 años de Barcelona en 1988 y que se dio a la fuga. Este periódico le ha localizado en Ecuador, donde ha ejercido hasta hoy como sacerdote, y el arzobispado de Barcelona ha sabido en todo momento su paradero, según la diócesis ecuatoriana de Santo Domingo.
La situación de muchos de los casos más importantes de ese periodo llegaron a conocerse en Roma bastante más tarde de que hubiera sucedido. En ocasiones no pudieron investigarse por falta de colaboración de los obispos o porque las víctimas prefirieron no aportar su testimonio. Fuentes de órganos para la Tutela de Menores vaticanas señalan que el exilio de sacerdotes pudo llegar a ser una práctica relativamente habitual durante un periodo, pero que el papa Francisco, con su política de tolerancia cero, pide un cambio radical y muchos casos han sido reabiertos y revisados.
En los 18 casos analizados se distinguen dos tipos de situaciones: religiosos que son descubiertos en España y son trasladados al extranjero, y aquellos que son detenidos en otro país por estos delitos. Surge entonces la duda de si tuvieron acusaciones previas en su lugar de origen, como acaba demostrándose en ocasiones.
El último episodio conocido es el del agustino recoleto Iván Merino, arrestado en Venezuela hace dos semanas, acusado de abusar de una menor. En este caso, tanto su orden como la diócesis de Granada, donde era profesor en un colegio hasta 2015, aseguran que su traslado no tuvo nada que ver con denuncias previas y que no consta ninguna. Ocurre lo mismo con el caso de Joan Alonso Bonals, de 53 años, párroco de Alcanar y Les Cases de Alcanar entre 2011 y 2016 (Tarragona), que se mudó a Honduras. Fue detenido allí en agosto de 2017 por una orden de arresto emitida por España y extraditado. Está acusado de abuso y de prostituir a un menor de 16 años. La diócesis de Tortosa mantiene que no constan denuncias previas contra él. Está en libertad provisional.
En cambio, la detención en Chile en 2009 de José Ángel Arregui, de la orden San Viator, destapó crímenes cometidos por el sacerdote anteriormente en España. Había denuncias en siete colegios por los que había pasado en País Vasco, Aragón y Madrid. Fue condenado en 2011, pero parte de