Juan José Gómez.
Abel Pérez. Es uno de los cuatro miembros españoles de la orden de los maristas acusados de abusos en Chile. Se le atribuyen 14 víctimas y es uno de los principales acusados. Adolfo Fuentes. Es otro de los cuatro maristas españoles acusados de pederastia en Chile. Todos ellos se formaron en el Juniorado Hispanoamericano de Palencia y Valladolid. Iván Merino. Agustino recoleto detenido en Venezuela en 2018 en el interior de un coche con una menor. Ejerció como profesor hasta 2015 en un colegio de la orden en Granada. Misionero salesiano denunciado entre 2013 y 2016 por abusos en Benín. Fue trasladado a Madrid y la orden comunicó “verbalmente” los hechos a la justicia. Joan Alonso Bonals. Detenido en 2017 en Honduras por una orden de arresto de España por pederastia. Su diócesis, la de Tortosa, dice que no constan denuncias previas, Santiago Martínez Valentín-Gamazo. José Monasterio. Tercer marista español acusado de pederastia en Chile, hoy fallecido. A Monasterio, natural de Villanueva de Argaño (Burgos), le acusan dos víctimas.
Francisco Carreras. Denunciado en 2002 y 2011 por abusos entre 1976 y 1981 en Miami (EE UU). En 1981, fue enviado de vuelta a la provincia de Salamanca, donde tres víctimas le acusan de abusos.
E. R. B. Una víctima localizada por EL PAÍS le acusa de abusar de él en el colegio de los salesianos de Deusto, en Bilbao, en 1963, mientras el jefe de estudios miraba. Luego estuvo en Benín.
Luis Tó González. Profesor jesuita del colegio de San Ignacio de Barcelona, fue condenado en 1992 por abusos a una menor. Su orden le envió a Bolivia. Falleció en 2017.
Alberto Salvans. Denunciado en Barcelona por abusos entre 1985 y 1988 sobre niñas. Montó un grupo religioso y víctimas le acusan en años posteriores en Kenia. los casos habían prescrito. Actualmente está en libertad, confirma su antigua congregación.
Muchos de estos sacerdotes pertenecen a órdenes religiosas, que disponen de estructura en el extranjero. Destaca el caso de los maristas en Chile: cuatro religiosos españoles están siendo investigados dentro de una gran causa abierta contra la orden. Las diócesis, por su parte, pueden enviar curas a otros países como misioneros fidei donum, prestados temporalmente a otros obispados, aunque siguen perteneciendo a su adscripción de origen. Es frecuente que las diócesis españolas tengan relaciones históricas con otros países.
El sacerdote de Toledo Santiago Martínez Valentín-Gamazo, de 42 años, fue encarcelado el año pasado en Perú, acusado de abusar de cuatro menores en Moyobamba. Llegó al país en 2007. Según el arzobispado de Toledo, “fue voluntario, como otros sacerdotes de la diócesis”. Afirman que no tiene denuncias en España.
Gil José Sáez, vicario judicial de la diócesis de Cartagena y especialista en abusos sexuales en la Iglesia, admite que aunque esta práctica no ha sido la más común, “era otro de los modos que utilizaban los obispos y los superiores de las órdenes para tapar los casos de pederastia”. Este procedimiento supone “un cambio radical en la vida del abusador”, por lo que es difícil “forzarle” a dejar su país. El traslado también depende de los contactos del obispo en el extranjero. De ahí, apunta el vicario, que sea más común en las órdenes religiosas.
El mayor caso en Cataluña
En Barcelona hay un viejo caso muy singular: acusados de pederastia en los años ochenta que montaron su propia orden y siguieron cometiendo abusos en África y América Latina, según fuentes eclesiásticas. Es la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia (MCSPA, en sus siglas en inglés), de Albert Salvans, Pere Cané y Francisco Andreo, el mayor caso de abusos en la Iglesia catalana de las últimas décadas.
Los traslados se han producido otras veces tras una condena firme, pero sin mayores sanciones disciplinarias. Ocurrió con el agustino recoleto José Luis Untoria, sentenciado en 1997 por abusos sobre 10 menores en un colegio de Salamanca. Recibió una multa y una inhabilitación para la docencia de 10 años. A los pocos meses fue enviado a Perú, hasta 2009. Lo mismo sucedió con el jesuita Luis To González, profesor del colegio San Ignacio de Barcelona, condenado en 1992 a dos años de cárcel por abusar de una menor. Su orden le envió ese año a Bolivia, donde residió hasta su muerte en 2017. Consultadas estas dos órdenes, no ven nada raro en la decisión de sacarlos del país y aseguran que después no tuvieron denuncias. No obstante, los jesuitas sí admiten fallos: “No se le abrió un proceso canónico, y claramente entendemos que esto estuvo mal hecho (...), la actuación ante casos de abusos no ha estado a la altura, sobre todo, pensando en la atención a las vícti-